En los casi siete años de gobierno de Nayib Bukele, El Salvador enfrenta una sombría realidad marcada por un creciente número de desaparecidos y asesinatos, cifras que el gobierno ha intentado ocultar sistemáticamente, según un informe publicado el 19 de abril de 2026 por David Alfaro. La investigación revela que, desde junio de 2019, el régimen de Bukele ha estado vinculado a la supresión de información crucial sobre la violencia en el país, mientras que organizaciones no gubernamentales (ONG) trabajan en la recopilación de datos y el apoyo a las familias de las víctimas.
Según el informe, en los primeros dos años de su mandato, se registraron 5,000 desapariciones y 2,940 asesinatos, cifras documentadas que vinculan el gobierno de Bukele con un pacto tácito con las pandillas (maras). La estrategia, descrita como Sin cuerpos no hay delito , implicaba la desaparición de cuerpos para manipular las estadísticas de homicidios y proyectar una imagen de seguridad. A la fecha, las cifras habrían aumentado a más de 8,000 desaparecidos y 4,000 asesinatos.
La administración de Bukele ha cerrado instituciones clave encargadas de la recopilación y difusión de estadísticas, como la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), impidiendo así la transparencia y el escrutinio público. Además, se ha militarizado las clínicas forenses de Medicina Legal, prohibiendo a los médicos forenses realizar declaraciones públicas sobre sus hallazgos.
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, incluso prohibió a las familias de los desaparecidos continuar con la búsqueda y descubrimiento de cementerios clandestinos. Un caso particularmente impactante mencionado en el informe es el de una madre que encontró un cementerio clandestino a solo un kilómetro de la residencia de Bukele, evidenciando la cercanía de estas prácticas con el poder central.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por silenciar las voces y ocultar la verdad, varias ONG continúan trabajando en la recopilación de datos y brindando apoyo a los familiares de las víctimas. Organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen, Socorro Jurídico Humanitario, Desaparecidos El Salvador y Unidehc El Salvador, entre otras, han logrado documentar la magnitud de la crisis y contrarrestar la propaganda oficial.
El informe denuncia que la propaganda del gobierno, que proclama más de 1,100 días sin asesinatos, es una falacia destinada a engañar a la opinión pública. La realidad, según las ONG, es mucho más sombría, con un número significativo de desapariciones y asesinatos que permanecen impunes.
La verdadera magnitud de la tragedia, según el informe, probablemente nunca se conocerá por completo debido a la sistemática supresión de información por parte del gobierno. Sin embargo, basándose en las denuncias de las ONG, se estima que al menos 8,000 personas han desaparecido y 4,000 han sido asesinadas durante los siete años de gobierno de Bukele.
El cierre de instituciones clave, la militarización de las clínicas forenses y la prohibición de declaraciones a los médicos forenses son medidas que apuntan a un intento deliberado de encubrir la verdad y evitar la rendición de cuentas. La prohibición impuesta a las familias de los desaparecidos de buscar a sus seres queridos y descubrir cementerios clandestinos es una violación flagrante de los derechos humanos y una muestra de la falta de compromiso del gobierno con la justicia y la transparencia.
El informe destaca la importancia del trabajo de las ONG en la documentación de la violencia y el apoyo a las familias de las víctimas. Estas organizaciones se han convertido en la principal fuente de información independiente sobre la situación en El Salvador, desafiando la narrativa oficial y exigiendo justicia para las víctimas.
La situación en El Salvador plantea serias preocupaciones sobre el estado de derecho, los derechos humanos y la transparencia en el país. La supresión de información, la impunidad y la falta de rendición de cuentas son factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia y la erosión de las instituciones democráticas. La comunidad internacional debe prestar atención a la situación en El Salvador y exigir al gobierno de Bukele que respete los derechos humanos, garantice la transparencia y permita la investigación independiente de las denuncias de desapariciones y asesinatos.
