El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha abierto 10 nuevas embajadas y 3 consulados en todo el mundo durante su mandato, lo que ha generado un costo cercano a los 19.513 millones de pesos solo en la instalación de las oficinas, según información revelada por el representante a la Cámara, Julio César Triana, de Cambio Radical. Las nuevas sedes diplomáticas se encuentran en Barbados, Guyana, Haití, Etiopía, Senegal, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Qatar, República Checa y Rumanía.
El representante Triana detalló que dos de las embajadas fueron abiertas en 2024 y las restantes ocho en 2025, con un costo estimado de 17.561 millones de pesos. Adicionalmente, los tres nuevos consulados representan una inversión de 2.257 millones de pesos. La apertura de estas oficinas ha sido objeto de críticas por el alto costo que implica para el país.
Las preocupaciones sobre el gasto se remontan a 2024, cuando el Gobierno anunció la ampliación de la planta de la Cancillería para cubrir las necesidades de estas nuevas embajadas. El Decreto 1882 de 2023 estimó que el costo anual de los sueldos de los funcionarios en estas 10 embajadas podría alcanzar los 51.374 millones de pesos, según un derecho de petición respondido por la Cancillería al periodista Melquisedec Torres.
Otro aspecto que ha generado controversia es la composición del cuerpo diplomático. Con corte a diciembre de 2025, solo el 22% de los embajadores colombianos eran de carrera diplomática, mientras que el 55% correspondían a nombramientos de libre designación por parte del presidente Petro. Esta situación contradice las promesas de campaña del mandatario, quien aseguró que los cargos diplomáticos estarían destinados a funcionarios de carrera con mérito y conocimiento.
Las embajadas y consulados no pueden seguir siendo el botín de los amigos de la clase política. Vamos a fortalecer la carrera diplomática y a nombrar a funcionarios de carrera, con mérito y conocimiento, para representar a Colombia ante el mundo , declaró Petro durante su campaña presidencial en 2022. Sin embargo, la realidad ha mostrado que varios de los nombramientos, especialmente en embajadas consideradas estratégicas, han recaído en miembros cercanos a su círculo político.
La vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la tarea de abrir nuevas embajadas y oficinas diplomáticas, particularmente en África, durante sus viajes al continente. Esta iniciativa también ha sido criticada por algunos sectores, quienes cuestionan la prioridad de estas aperturas en el contexto de las necesidades internas del país.
La apertura de estas embajadas se enmarca en la política exterior del Gobierno Petro, que busca diversificar las relaciones internacionales de Colombia y fortalecer la presencia del país en regiones estratégicas. Sin embargo, la combinación del alto costo y la preponderancia de nombramientos políticos ha alimentado el debate sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de la política exterior colombiana.
El representante Triana ha insistido en la necesidad de una revisión exhaustiva de los gastos y nombramientos en el ámbito diplomático, con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y que los cargos se ocupen con profesionales cualificados. La oposición ha anunciado que solicitará un debate en el Congreso para analizar en detalle los costos y beneficios de la expansión de la red diplomática colombiana.
La Cancillería, por su parte, ha defendido la apertura de las nuevas embajadas como una inversión necesaria para promover los intereses de Colombia en el mundo y fortalecer sus relaciones bilaterales. Se argumenta que estas oficinas permitirán ampliar los mercados para los productos colombianos, atraer inversión extranjera y mejorar la cooperación en áreas como la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo social.
El debate sobre la política exterior del Gobierno Petro continúa abierto, con argumentos a favor y en contra de la expansión de la red diplomática. La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la priorización de la carrera diplomática son elementos clave para garantizar la confianza de la ciudadanía en la representación de Colombia en el exterior. La discusión sobre si el costo de estas nuevas embajadas justifica los beneficios potenciales se espera que continúe en los próximos meses, con un escrutinio cada vez mayor por parte de la oposición y la sociedad civil.
