Estados Unidos sancionó el sábado 18 de abril de 2026 al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en graves violaciones de los derechos humanos , en un gesto conmemorativo de las protestas de abril de 2018 y en recuerdo de los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en un comunicado que hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicarag enses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen .
Rubio enfatizó que el 18 de abril marca ocho años desde que la dictadura Murillo-Ortega desató violencia brutal contra su pueblo, asesinando a más de 325 civiles nicarag enses durante las masivas demostraciones. Señaló que aquellos que continúan habilitando, participando o sosteniendo las violaciones de derechos humanos de la dictadura enfrentarán consecuencias.
Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la Sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos , añadió Rubio.
La designación de Luis Cañas Novoa bajo la sección 7031(c) implica restricciones de visados y la prohibición de entrada a Estados Unidos. Esta acción se suma a una serie de sanciones impuestas por Washington en respuesta a la creciente represión y la erosión de la democracia en Nicaragua.
A finales de diciembre de 2023, la presidencia nicarag ense ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el nombre al Ministerio de Gobernación (Migob) y renombrarlo Ministerio del Interior (MINT) , evocando el nombre utilizado en los años 80, cuando se caracterizó por el espionaje, la persecución, el encarcelamiento y la represión de opositores políticos.
La resurrección del MINT fue descrita como la última etapa de un proceso de mutación ejecutado por la dictadura. A mediados de 2022, ya se le había asignado el poder de perseguir, confiscar, expulsar y desterrar a opositores y organismos independientes.
Con el regreso de Ortega al poder, el antiguo Ministerio de Gobernación quedó a cargo de Ana Isabel Morales, quien en 2017 fue sustituida por María Amelia Coronel Kinloch, quien previamente se desempeñó como ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
Sin embargo, el poder real dentro del Ministerio del Interior reside en el viceministro Luis Cañas, un expolicía que formó parte de unidades especializadas en la lucha antidroga en los años 90. Cañas es considerado el principal operador de Rosario Murillo para la gestión del Ministerio del Interior, donde la ministra Amelia Coronel desempeña un papel principalmente decorativo.
Luis Cañas figura entre los 54 altos funcionarios nicarag enses identificados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza.
El GHREN detalló que el viceministro instruyó a directores de las cárceles nicarag enses a obstaculizar el acceso de los abogados defensores y a desobedecer órdenes judiciales de liberación y exhibición personal. Además, ordenó implementar una política sistemática de trato discriminatorio contra reos políticos y dirige un equipo encargado de decidir quién puede ingresar o no a Nicaragua.
La sanción contra Cañas se produce pocos días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara el jueves 16 de abril a dos hijos de la pareja presidencial nicarag ense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a cinco individuos adicionales, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.
Las sanciones del jueves también abarcaron a siete empresas mineras, que, al igual que los individuos señalados, han estado involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país centroamericano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que todas estas entidades e individuos ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua y están involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua relacionadas con el sector aurífero.
Washington ha acusado repetidamente al Gobierno de Ortega-Murillo de reprimir a los disidentes de su gestión. En marzo de 2026, la misión estadounidense en Managua denunció que la crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable y criticó la detención continua de personas ancianas y enfermas.
Estas sanciones se enmarcan en una estrategia más amplia de presión internacional destinada a promover el respeto a los derechos humanos, la liberación de presos políticos y la restauración de la democracia en Nicaragua. La comunidad internacional continúa observando de cerca la situación en el país centroamericano y exigiendo responsabilidades a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
