Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), defendió la validez del informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) sobre el Régimen de Excepción en El Salvador, destacando que se basa en testimonios de víctimas, organizaciones sociales y actores del sistema judicial. En una entrevista con Julio Villagrán, Ramírez explicó que el documento recoge información de familiares de detenidos, defensores de derechos humanos y personas liberadas tras ser capturadas bajo sospecha de vínculos con pandillas.
El informe tiene sustento porque ha conversado con víctimas y con organizaciones que trabajan directamente con los afectados , afirmó Ramírez, quien señaló que MOVIR ha documentado numerosos casos de personas detenidas sin pruebas suficientes.
El Régimen de Excepción, implementado en marzo de 2022 en respuesta a un aumento de homicidios atribuidos a pandillas, ha resultado en la captura de decenas de miles de personas. El gobierno defiende la medida como crucial para reducir la violencia y recuperar el control territorial, resaltando una disminución histórica en las tasas de homicidio.
Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado preocupación por posibles irregularidades en los procesos judiciales. Ramírez aseguró que existen personas que llevan más de dos años, e incluso cuatro, en detención preventiva sin una sentencia firme, lo que evidencia debilidades en el sistema de justicia.
MOVIR ha recibido testimonios de familiares que presentan documentación de la Fiscalía General de la República que indica la falta de elementos para sustentar acusaciones, pero a pesar de ello, los detenidos permanecen en prisión. Estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por las autoridades judiciales.
La situación de las visitas familiares también es motivo de preocupación. Ramírez señaló que muchas familias desconocen el estado de sus parientes detenidos, generando incertidumbre. Describió cómo algunas madres recorren lugares donde los internos realizan trabajos como parte del Programa Cero Ocio , con la esperanza de identificar a sus familiares.
Ramírez criticó el uso del programa penitenciario Cero Ocio , en el que los internos participan en labores de infraestructura, agricultura y apoyo institucional, argumentando que está siendo utilizado con personas inocentes que deberían estar libres. Según su testimonio, existen casos de personas sin condena firme participando en estas actividades, lo que, en su opinión, requiere una revisión legal. Las autoridades han defendido el programa como una estrategia de reinserción y aprovechamiento del tiempo penitenciario.
El informe del GIPES recomienda restablecer plenamente las garantías del debido proceso, investigar denuncias de muertes en centros penitenciarios y facilitar mecanismos de reparación para posibles víctimas de detenciones arbitrarias. También sugiere fortalecer la transparencia institucional y permitir un mayor acceso de las familias a información sobre las personas detenidas.
Ramírez también abordó la supuesta falta de desarticulación de las estructuras económicas de las pandillas, señalando que estas organizaciones históricamente han manejado importantes recursos provenientes de extorsiones y otras actividades ilícitas. Consideró necesario esclarecer el destino de estos fondos y profundizar las investigaciones sobre las redes de financiamiento.
Además, Ramírez indicó que organismos internacionales han recomendado brindar protección a defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian irregularidades relacionadas con el Régimen de Excepción. En ese contexto, señaló que participa en un programa de acompañamiento internacional impulsado por parlamentarios alemanes, destinado a monitorear la situación de personas consideradas en riesgo por su labor social.
El gobierno salvadoreño ha reiterado en múltiples ocasiones que el Régimen de Excepción ha sido una herramienta fundamental para reducir la violencia generada por pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en el país.
El debate en torno al informe internacional y sus conclusiones continúa generando reacciones en distintos sectores de la sociedad salvadoreña. Mientras las organizaciones sociales consideran que el documento aporta elementos relevantes para revisar los procedimientos judiciales, las autoridades han insistido en que la estrategia de seguridad ha permitido avances históricos en materia de control territorial y reducción de delitos. El futuro de las garantías procesales y el destino de los detenidos bajo el Régimen de Excepción siguen siendo temas centrales en el debate público salvadoreño. La validación del informe por parte de MOVIR añade peso a las preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos y la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema judicial en el contexto de la política de seguridad implementada por el gobierno de Nayib Bukele. La incertidumbre que enfrentan las familias de los detenidos y la falta de transparencia en los procesos judiciales son elementos clave que alimentan la controversia y exigen una respuesta clara por parte de las autoridades.
