La Dra. Flor Sidey Salazar Fallas, abogada e integrante de la Comisión de Género del Colegio de Abogados y Abogadas, aborda la problemática de la violencia económica contra la mujer en Costa Rica, analizando la dependencia económica como factor de vulnerabilidad y las respuestas que ofrece el derecho costarricense. El análisis, publicado en Diario Extra, se centra en la complejidad de esta forma de violencia, a menudo menos visible que la física o psicológica, pero igualmente devastadora para las mujeres que la sufren.
La violencia económica, según la Dra. Salazar, se manifiesta a través del control financiero ejercido por una persona sobre otra, generalmente en el contexto de una relación de pareja o familiar. Este control puede adoptar diversas formas, desde la prohibición de trabajar o estudiar, hasta la limitación del acceso a recursos económicos, la apropiación indebida de bienes o ingresos, y la obstaculización de la independencia financiera de la mujer. La dependencia económica resultante de estas acciones coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad extrema, dificultando su capacidad para tomar decisiones libres y autónomas, y aumentando su riesgo de sufrir otras formas de violencia.
La abogada destaca que la dependencia económica no es simplemente una cuestión de falta de recursos, sino una estrategia deliberada de control y dominación. Al privar a la mujer de su independencia económica, el agresor busca mantenerla sometida y dependiente, limitando su capacidad para abandonar la relación abusiva o para reconstruir su vida de manera independiente. Esta situación se agrava en contextos de desigualdad de género, donde las mujeres enfrentan barreras adicionales para acceder al empleo, la educación y otros recursos económicos.
El derecho costarricense, según el análisis de la Dra. Salazar, ofrece algunas respuestas a la violencia económica contra la mujer, aunque aún son insuficientes. La Ley Integral contra la Violencia contra las Mujeres, por ejemplo, tipifica como delito la violencia económica, entendida como cualquier acto de control económico que limite la autonomía económica de la mujer, impidiéndole o dificultándole el acceso, la administración y el disfrute de sus recursos económicos . Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido limitada, debido a la falta de conocimiento sobre la existencia de este delito, la dificultad para probarlo y la falta de recursos para atender a las víctimas.
Además de la Ley Integral, otras normas jurídicas costarricenses pueden ser utilizadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia económica, como el Código Civil, el Código Penal y la legislación laboral. Sin embargo, la Dra. Salazar señala que estas normas a menudo no están diseñadas específicamente para abordar la violencia económica, lo que dificulta su aplicación en estos casos.
La abogada propone una serie de medidas para fortalecer la respuesta del derecho costarricense a la violencia económica contra la mujer. Entre estas medidas, destaca la necesidad de sensibilizar a los operadores jurídicos sobre la existencia de este delito y sus diferentes manifestaciones, así como de capacitar a los jueces y fiscales en la aplicación de la Ley Integral y otras normas relevantes. También es importante fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas, como la creación de refugios y programas de apoyo económico y psicológico.
Asimismo, la Dra. Salazar enfatiza la importancia de promover la independencia económica de las mujeres, a través de políticas públicas que fomenten su acceso al empleo, la educación y el emprendimiento. Estas políticas deben estar dirigidas especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres con discapacidad.
La abogada concluye que la violencia económica contra la mujer es un problema complejo y multifacético que requiere una respuesta integral y coordinada. Esta respuesta debe involucrar a todos los actores relevantes, incluyendo al Estado, la sociedad civil y el sector privado, y debe estar basada en el respeto a los derechos humanos de las mujeres y en la promoción de la igualdad de género. La lucha contra la violencia económica es fundamental para garantizar la autonomía, la libertad y la dignidad de las mujeres costarricenses.
El análisis de la Dra. Salazar subraya la necesidad de una mayor conciencia social sobre la violencia económica y sus consecuencias devastadoras. Es crucial que las mujeres que la sufren sepan que no están solas y que existen recursos disponibles para ayudarlas. Asimismo, es fundamental que la sociedad en su conjunto se comprometa a erradicar esta forma de violencia, promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. La dependencia económica no es un destino inevitable, sino una construcción social que puede ser desafiada y transformada. La abogada enfatiza que el derecho costarricense, aunque imperfecto, ofrece herramientas para combatir esta problemática, pero su efectividad depende de la voluntad política y del compromiso de todos los actores involucrados.
