El gobierno colombiano está preparando un endurecimiento de sus aranceles en respuesta a las medidas comerciales planeadas por Ecuador, una decisión que podría afectar significativamente el comercio bilateral y las economías de ambos países. El proyecto de decreto, actualmente en consideración, establece una respuesta arancelaria escalonada que entraría en vigor el 1 de mayo de 2026, coincidiendo con la fecha prevista para la aplicación de un incremento del 100% en los aranceles por parte de Ecuador.
La propuesta colombiana divide los nuevos gravámenes en tres bloques: 35%, 50% y 75%, dependiendo del tipo de producto. Esta estructura implica que una amplia gama de mercancías ecuatorianas enfrentará mayores costos para ingresar al mercado colombiano, impactando desde alimentos básicos hasta bienes industriales.
El primer nivel de aranceles, del 35%, se aplicaría a productos agrícolas y de consumo frecuente, incluyendo camarones, langostinos, fríjoles, menestras, plátanos frescos, alimentos para animales, carbonato de sodio y medicamentos de uso humano. Este grupo de productos es particularmente sensible debido a su participación en las cadenas de suministro y el consumo diario, lo que sugiere que un aumento de aranceles podría alterar los precios, los volúmenes de importación y las decisiones logísticas de las empresas que operan entre Colombia y Ecuador.
El segundo bloque, con un gravamen del 50%, se enfoca en bienes industriales de mayor valor agregado, como preparaciones de pescado, grasas y aceites, llantas para automóviles y vehículos pesados, papeles industriales, cartones y tableros de fibra de madera. Este segmento es crucial para las industrias manufactureras y comerciales que dependen de proveedores regionales, y el aumento de aranceles podría impulsar la búsqueda de nuevos mercados o acelerar la sustitución de importaciones.
La franja más amplia y de mayor impacto sería la del 75%, que incluye productos estratégicos como arroz en todas sus formas, aceite de palma crudo y refinado, aceite de girasol, azúcar de caña, cacao en polvo y café en todas sus presentaciones. También se incluyen etanol, combustibles derivados del petróleo, pinturas, barnices, una extensa variedad de manufacturas plásticas, tuberías y perfiles de acero, aluminio en tubos y perfiles, y electrodomésticos como neveras y aspiradoras. La inclusión de estos bienes, muchos de los cuales son materias primas o productos terminados con alta circulación regional, sugiere que el impacto se extenderá más allá de las aduanas, afectando a las cadenas productivas, los distribuidores y los consumidores.
El gobierno colombiano justifica esta medida en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la norma fundamental de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que prohíbe la imposición de gravámenes entre los países miembros. Según la argumentación oficial, la decisión de Ecuador violaría este principio. Más allá del debate legal, el decreto anticipa consecuencias económicas significativas en caso de que la escalada continúe.
Las proyecciones oficiales indican que, con aranceles ecuatorianos del 100%, las importaciones colombianas desde Ecuador disminuirían en un 75%, lo que equivale a una reducción de USD 640 millones, tomando como referencia las cifras de 2025. Esta disminución afectaría especialmente a los sectores acostumbrados al intercambio constante con Ecuador debido a la proximidad geográfica y los menores costos logísticos.
Sin embargo, el impacto más significativo se prevé en las exportaciones colombianas hacia Ecuador, con una caída estimada del 79%, equivalente a USD 1.452 millones. Esta cifra ha generado preocupación entre los empresarios y exportadores, especialmente en las regiones fronterizas donde el comercio binacional tiene un impacto directo en el empleo, el transporte y la actividad productiva.
La controversia también ha abierto un debate político más amplio sobre el futuro de la integración regional. El presidente Gustavo Petro ha advertido que estas decisiones podrían marcar el fin del Pacto Andino para Colombia y ha planteado la posibilidad de avanzar hacia una relación más estrecha con Mercosur. Si bien esta declaración tiene un tono político, refleja la magnitud del desacuerdo actual. La CAN ha sido durante décadas uno de los principales marcos de comercio e integración para los países andinos.
Es importante destacar que el decreto colombiano no es definitivo y está sujeto a revisión por parte del Comité de Asuntos Aduaneros dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigor. Esto deja abierta la posibilidad de negociaciones y ajustes para evitar una escalada comercial que podría perjudicar a ambas economías. La situación actual representa un desafío significativo para las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador, y su resolución requerirá diálogo y compromiso por parte de ambos gobiernos para encontrar una solución que proteja los intereses de sus respectivos sectores económicos y promueva la estabilidad regional. La incertidumbre persiste, y el futuro del comercio bilateral dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
