La Justicia Federal de Tucumán rechazó el pedido de detención e indagatoria presentado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, junto a un amplio círculo de familiares y allegados de Toviggino. La medida, que también incluía allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes, se había solicitado en el marco de una investigación por asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El expediente, que originalmente tramitaba ante el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, fue trasladado a un juez de turno en Tucumán debido a las vacaciones del magistrado titular. El juzgado tucumano, al recibir el pedido, notificó al fiscal que se encuentra pendiente de resolución una solicitud de recusación contra el juez Argibay. En consecuencia, consideró prudente esperar el regreso del juez titular para que sea quien defina si autoriza o no la detención de Tapia y Toviggino.
Según información difundida por el diario Clarín, el fiscal Simón considera que Tapia y Toviggino forman parte de una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país . La solicitud del fiscal se basó en informes elaborados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones. Estos informes revelan un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que, a juicio del fiscal, no se corresponden con los ingresos declarados por los imputados.
La investigación se centra en una red de sociedades y empresas vinculadas a Pablo Toviggino, oriundo de Santiago del Estero, y a su entorno. Entre los bienes que se encuentran bajo la lupa de la justicia se incluyen estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. La sospecha principal es que estos activos fueron adquiridos con fondos transferidos desde la AFA a través de maniobras de lavado de dinero.
Además de Tapia y Toviggino, la lista de imputados incluye a Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana. También figuran Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal se destaca Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como un presunto testaferro y propietario de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También se investigan las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino. Asimismo, el fiscal mencionó a TourProdEnter, perteneciente al empresario Javier Faroni, por facturaciones realizadas a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Es importante destacar que estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que se tramita ante el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
La investigación en Santiago del Estero se enfocó en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia en su calidad de presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino. Esta situación ha generado un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, cuya resolución corresponderá a la Cámara Federal de Casación Penal.
El rechazo de la Justicia de Tucumán al pedido de detención e indagatoria representa un revés para la investigación, aunque no la detiene. La espera por la resolución de la recusación contra el juez Argibay y la posterior decisión del magistrado titular sobre la autorización de las medidas solicitadas por el fiscal Simón son pasos cruciales para determinar el futuro de la causa. La complejidad de la trama financiera y la multiplicidad de empresas y personas involucradas auguran un proceso judicial largo y minucioso. La investigación continúa, buscando determinar si efectivamente se han cometido delitos de asociación ilícita y lavado de activos en la gestión de fondos de la AFA.
