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Proyecto de ley agiliza desalojos y reaviva debate sobre acceso a la vivienda

Proyecto de ley agiliza desalojos y reaviva debate sobre acceso a la vivienda
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El Congreso debate un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que introduce cambios significativos en el mercado de alquileres, generando un fuerte debate entre propietarios e inquilinos. La iniciativa busca reducir los plazos de intimación por falta de pago a solo tres días corridos, antes de iniciar un proceso de desalojo, modificando profundamente la dinámica del vínculo locativo.

Si bien el proyecto apunta a agilizar los procesos y reforzar la seguridad jurídica, sus detractores advierten sobre posibles tensiones en las garantías procesales y un impacto negativo en el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto económico frágil. Propietarios, como Enrique Abatti (h) de CAPRA, argumentan que los procesos actuales son excesivamente largos y afectan la rentabilidad de la inversión en alquileres, trasladándose ese costo al precio final. Abogadas como Bibiana Varela Guijarro, también de CAPRA, destacan que la reforma es parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer el derecho de propiedad e impulsar la inversión en construcción.

Sin embargo, especialistas como Lucía Otegui y Javier Antebi advierten sobre la delicadeza de las reformas y la posible interpretación judicial dispar. Desde el lado de los inquilinos, Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, critica que el proyecto profundiza un escenario ya exigente, con contratos cortos, aumentos frecuentes y la totalidad de los gastos a cargo del inquilino, lo que podría generar una mayor conflictividad social y olas de desalojos.

El proyecto también incluye modificaciones en la ley de expropiaciones, el régimen de tierras rurales y la regularización dominial, buscando facilitar la inversión extranjera en desarrollos agroindustriales e inmobiliarios, manteniendo límites a la concentración de tierras. En un contexto de salarios rezagados y alquileres en constante aumento (incrementos interanuales del 52,3% frente a una inflación del 32,6%), la iniciativa plantea un desafío para equilibrar la seguridad jurídica del propietario con el derecho a la vivienda.

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