La cancelación de la construcción del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda ha generado preocupación por el futuro de la atención y los derechos de las personas con discapacidad en Chile. La decisión, que suspende un proyecto con aprobación técnica, terreno asignado y viabilidad financiera, es vista como un retroceso en el avance hacia una inclusión real y efectiva.
Según una carta enviada a la dirección de este medio por Mauro Tamayo Rozas, ex Director Nacional de SENADIS, la medida trasciende lo administrativo y representa una señal preocupante sobre la valoración que el Estado otorga a la rehabilitación y la discapacidad. En un país donde más de tres millones de personas viven con alguna forma de discapacidad, la postergación de este proyecto largamente esperado evidencia una contradicción entre el reconocimiento de derechos en el discurso y la falta de condiciones materiales para su ejercicio.
Tamayo Rozas argumenta que la discapacidad es un reflejo de las desigualdades sociales que el Estado debería corregir. La mantención del actual centro nacional, operando en una infraestructura centenaria, no es un asunto neutral, sino que reproduce la exclusión, limita las oportunidades de rehabilitación y presiona una red pública de salud ya sobrecargada.
La cancelación no solo implica la suspensión de una inversión, sino que perpetúa una deuda histórica con uno de los grupos más vulnerados de la sociedad. El proyecto del nuevo instituto representaba una oportunidad para modernizar la infraestructura de rehabilitación, ampliar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad.
La carta de Tamayo Rozas enfatiza que revertir esta decisión no es simplemente una cuestión de gestión sectorial, sino un imperativo ético y político. Implica avanzar desde la retórica de la inclusión hacia su materialización concreta, dotando al sistema de salud de las capacidades necesarias para garantizar la dignidad, la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad.
La infraestructura actual del Instituto Nacional de Rehabilitación, construida hace un siglo, presenta limitaciones significativas en términos de accesibilidad, espacio y tecnología. Estas deficiencias dificultan la prestación de servicios de calidad y limitan la capacidad de respuesta a las necesidades de una población en constante crecimiento. El nuevo instituto, en cambio, habría estado diseñado con criterios de accesibilidad universal, incorporando tecnologías de vanguardia y ofreciendo una mayor capacidad de atención.
La decisión de cancelar el proyecto ha generado críticas de diversas organizaciones de la sociedad civil, que han expresado su preocupación por el impacto negativo que tendrá en la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Estas organizaciones argumentan que la rehabilitación es un componente esencial del sistema de salud y que la inversión en infraestructura y servicios especializados es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La falta de inversión en rehabilitación no solo afecta a las personas con discapacidad, sino que también tiene un impacto económico en el país. La rehabilitación permite a las personas con discapacidad participar activamente en la sociedad, acceder al empleo y contribuir al desarrollo económico. La falta de acceso a servicios de rehabilitación limita las oportunidades de las personas con discapacidad y genera costos adicionales para el Estado en términos de asistencia social y dependencia.
El llamado de Tamayo Rozas a revertir esta medida se suma a las voces de quienes defienden la necesidad de priorizar la inversión en rehabilitación y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La construcción del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda era un paso importante en esa dirección, y su cancelación representa un retroceso que no puede ser ignorado. La materialización de este proyecto es crucial para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y participar plenamente en la vida social, económica y política del país. La decisión del Estado debe reflejar un compromiso real con la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad, y no una postergación que perpetúa la exclusión y la desigualdad.
