Barcelona La esperanzadora regularización extraordinaria para migrantes en España, que entró en vigor este jueves, se enfrenta a un obstáculo inesperado: la dificultad para obtener los certificados de antecedentes penales necesarios, especialmente para aquellos procedentes de países africanos. La medida, que podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas, se ve amenazada por la falta de mecanismos de validación internacional de documentos y la lentitud, o incluso la falta de respuesta, de algunas embajadas.
Abdelhamid Khalifa, un joven argelino de 28 años que llegó a Barcelona hace diez meses con un máster y dominio de cinco idiomas, es un ejemplo de esta situación. Me alegro mucho, porque es una oportunidad de estar y trabajar de manera legal en el país , afirma Khalifa, quien estudia y aprende catalán con el objetivo de integrarse en la sociedad catalana. Sin embargo, su sueño de regularizar su situación se ve frustrado por la imposibilidad de obtener una cita en la Embajada de España para legalizar su certificado de antecedentes penales.
El problema radica en que Argelia, al igual que Nigeria y otros países africanos, no forma parte del convenio de La Haya, que agiliza la validación internacional de documentos. Esto significa que el certificado de antecedentes penales debe seguir la vía diplomática, un proceso lento y complicado.
Olalekan Lawal, un matemático nigeriano de 27 años que reside en Barcelona desde hace cuatro años, se encuentra en una situación similar. A pesar de estar cursando un grado superior de eficiencia energética, sigue en situación irregular y su solicitud de regularización podría ser denegada por la demora en la obtención de su certificado de antecedentes penales. El único problema son los penales de la policía, que en algunos países son muy difíciles y toman mucho tiempo para llegar, como Nigeria. Lo pedí en enero y hasta ahora no ha llegado , explica Lawal.
Ambos jóvenes, Khalifa y Lawal, reciben apoyo de la fundación BarcelonActua, una organización que ofrece acompañamiento jurídico, laboral y formativo a jóvenes migrantes. Desde el área jurídica de la fundación, el abogado de extranjería Edwin Hurtado, advierte que sin el último sello de la delegación española en el país de origen, el documento de antecedentes carece de validez legal en España.
Es una limitación directa; hay países de África que ni siquiera tienen misión diplomática propia y el migrante debe cruzar fronteras para intentar conseguir un sello que a menudo se le niega , afirma Hurtado. Además, señala que algunas embajadas, como la de Argelia, están bloqueando la legalización al no dar respuesta a las solicitudes, lo que podría interpretarse como un intento de impedir que los migrantes obtengan la documentación necesaria.
Hurtado explica que esto genera un círculo vicioso , ya que la ley permite al Gobierno solicitar los antecedentes penales de oficio si el país de origen no responde. Sin embargo, si en un plazo de tres meses no se recibe respuesta, la solicitud del migrante se da por desistida.
El abogado augura que muchos expedientes envueltos en esta situación tendrán que pasar por los juzgados para demostrar que los solicitantes no representan una amenaza para el orden o la seguridad pública , como exige la ley.
La directora general y fundadora de BarcelonActua, Laia Serrano, celebra la medida de regularización, pero subraya la importancia de contar con el asesoramiento de expertos debido a la letra pequeña y los trámites burocráticos que pueden generar frustración entre los jóvenes migrantes. La fundación ofrece acompañamiento a 48 jóvenes migrantes que residen en sus tres casas de acogida en Barcelona, con el objetivo de facilitarles la regularización de su situación.
Serrano considera que la medida es una oportunidad como sociedad , pero insiste en la necesidad de poner las cosas fáciles para que todas las personas susceptibles de acogerse a la regularización puedan hacerlo con facilidad.
Olalekan Lawal, por su parte, expresa su deseo de trabajar y pagar impuestos en España, mientras que Abdelhamid Khalifa hace oídos sordos a los discursos contrarios a la regularización extraordinaria y recuerda que los migrantes son gente libre que simplemente busca una vida mejor .
La nueva ley exige a los solicitantes ser mayores de edad, haber estado en el país durante al menos cinco meses de forma continuada y no tener antecedentes penales en España ni en el país donde hayan residido durante los cinco años anteriores a su entrada en territorio español. Sin embargo, la práctica demuestra que cumplir con estos requisitos no es suficiente si se enfrentan a las trabas burocráticas que dificultan la obtención de los documentos necesarios.
La situación pone de manifiesto la necesidad de agilizar los trámites de legalización de documentos y de mejorar la cooperación con los países de origen para garantizar que los migrantes puedan acceder a sus derechos y contribuir al desarrollo de la sociedad española. La regularización extraordinaria representa una oportunidad para integrar a miles de personas en la sociedad, pero su éxito depende de la voluntad política y de la eficiencia de la administración para superar los obstáculos que se interponen en el camino.
