El Ministerio de Justicia anunció hoy una nueva postergación en la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La resolución 186/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece que la aplicación del nuevo código, que debía comenzar el 10 de noviembre próximo, se retrasará hasta el 15 de febrero de 2027. Esta es la segunda vez que se aplaza la entrada en vigor del sistema acusatorio en la capital federal, evidenciando las dificultades que enfrenta la Justicia para adaptarse al nuevo modelo.
La decisión, según el Ministerio de Justicia, responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales identificadas en el proceso de transición. Estas dificultades han impactado la capacidad de la Justicia Federal penal y penal económica de CABA para adecuarse al sistema acusatorio, que ya se aplica en otras provincias y distritos federales del país. El gobierno nacional argumenta que el aplazamiento permitirá completar obras de infraestructura, ampliar los recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el nuevo sistema.
El Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) representa un cambio fundamental en el proceso penal argentino, introduciendo el sistema acusatorio, que busca fortalecer la oralidad y la celeridad de los juicios. Este sistema implica una modificación en la forma en que se investigan y juzgan los delitos, pasando de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, donde las partes (fiscalía y defensa) tienen un rol más activo en la presentación de pruebas y argumentos ante el juez.
La complejidad de la implementación en CABA radica en la concentración de recursos y la particularidad de las causas que se tramitan en la ciudad. Según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia, la Capital Federal alberga cerca del 15% de los magistrados del Ministerio Público Fiscal y casi el 19,2% de los jueces federales del país. Esta concentración implica que cualquier cambio en el sistema procesal penal tiene un impacto significativo en la administración de justicia a nivel nacional.
Además, CABA no solo concentra una gran cantidad de causas penales federales, sino que también se caracteriza por la complejidad de las mismas. La ciudad alberga infraestructuras estratégicas como el Puerto Nuevo y el Aeroparque Jorge Newbery, lo que genera un elevado volumen de conflictos de competencia y una alta densidad de investigaciones vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas. La investigación de estos delitos requiere de personal altamente capacitado y de recursos tecnológicos sofisticados, lo que representa un desafío adicional para la transición al nuevo sistema.
La migración al sistema acusatorio también se ve complicada por el considerable número de causas que aún se tramitan bajo el sistema mixto, una combinación de elementos del sistema inquisitivo y del acusatorio. Esta situación exige una reorganización profunda de los recursos humanos, tecnológicos y edilicios para garantizar una transición fluida y eficiente. Si bien se han realizado inversiones en equipamiento informático, salas de audiencias y programas de capacitación, la Procuración General de la Nación ha advertido sobre la persistencia de asimetrías operativas y una insuficiencia crítica de espacios físicos para el funcionamiento pleno del nuevo modelo.
En concreto, la falta de espacio físico adecuado para la realización de audiencias y la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de información digital son algunos de los desafíos que deben superarse antes de que el sistema acusatorio pueda implementarse de manera efectiva en CABA. Asimismo, es necesario capacitar a jueces, fiscales, defensores y personal administrativo en las nuevas herramientas y procedimientos que exige el sistema acusatorio.
El Ministerio de Justicia insiste en que la postergación es necesaria para asegurar que la implementación del sistema acusatorio en CABA se produzca en condiciones óptimas, garantizando la sostenibilidad institucional y la eficacia del proceso penal federal. La medida permitirá continuar con las actividades institucionales preparatorias y concluir las inversiones en infraestructura y recursos humanos para la transición.
El sistema acusatorio ya rige en nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, así como en partes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía quedan nueve distritos donde su implementación está pendiente, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones y otros sectores de la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia enfatizó que la implementación del sistema acusatorio es una política de Estado que requiere de la cooperación activa de los tres poderes del Estado y de diversas agencias. En este sentido, se destacó la labor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. La coordinación entre estas instituciones es fundamental para garantizar una transición exitosa al nuevo sistema procesal penal.
La nueva fecha de implementación, el 15 de febrero de 2027, otorga a la Justicia Federal de CABA un plazo adicional para abordar las dificultades identificadas y prepararse para el cambio de paradigma que representa el sistema acusatorio. El Ministerio de Justicia se comprometió a seguir trabajando en estrecha colaboración con todas las partes involucradas para asegurar que la transición se lleve a cabo de manera eficiente y transparente, garantizando el acceso a la justicia y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
