El PAMI, bajo la gestión de Esteban Leguízamo, informó haber regularizado los pagos a prestadores correspondientes a marzo y estar procesando los de abril, en medio de las reiteradas quejas por demoras. Sin embargo, simultáneamente, una serie de auditorías internas han destapado irregularidades significativas en la facturación de servicios, generando una investigación que involucra a más de 400 médicos de cabecera.
Las irregularidades más graves se han detectado en el módulo de Veteranos de Guerra , donde se validaron 4.409 órdenes médicas para afiliados que no cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio. Este desvío, según el PAMI, generó pérdidas por $102.803.877 correspondientes a prestaciones indebidas. La situación ha puesto bajo la lupa a más del 5,6% de la totalidad de los médicos de cabecera del PAMI, quienes están siendo investigados por posibles irregularidades en su desempeño.
Pero el caso de los Veteranos de Guerra no es aislado. Las auditorías también revelaron situaciones insostenibles en la práctica médica. Se han detectado profesionales que declaran atender pacientes en un consultorio durante la mañana y, apenas una hora después, registran la atención de jubilados de su cápita en otro establecimiento distante a 240 kilómetros, una imposibilidad logística que sugiere prácticas fraudulentas.
Ante este panorama, las autoridades del PAMI han puesto en marcha una serie de medidas para fortalecer el control y la fiscalización de las prestaciones. La clave, según explican, reside en la unificación del nomenclador médico, a través de la Resolución 1107/2026, que busca integrar las prácticas, eliminar la dispersión normativa y ordenar los códigos y prestaciones.
La resolución, que entró en vigor el 9 de abril, ha generado rechazo entre los prestadores, principalmente por los cambios que introduce en el nomenclador común y en el modelo de médicos de cabecera. La medida implica una revisión y actualización del listado de prestaciones vigentes, eliminando códigos de prácticas individuales (como algunas consultas de control o prestaciones pediátricas) y trasladándolas al sistema de cápita, es decir, al pago fijo mensual que recibe el médico por cada afiliado a su cargo.
Si bien se mantiene un sistema mixto, la resolución reduce el peso de los procedimientos individuales y refuerza el modelo capitado, eliminando además el incentivo económico para la formación de posgrado de los médicos. Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada , explicaron fuentes del PAMI.
El objetivo principal de la gestión actual, según remarcan desde la obra social, es ordenar, regularizar y dar previsibilidad al sistema. Esteban Leguízamo ha enfatizado que su administración está llevando a cabo una auditoría exhaustiva, con el fin de fortalecer la administración de una institución que atiende a más de 5 millones de afiliados en todo el país.
Las auditorías ya habían levantado alertas en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología, donde se detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.
Un caso particularmente llamativo se registró en gastroenterología, donde un prestador con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede ampliamente la capacidad operativa del establecimiento.
Leguízamo, en una entrevista reciente, destacó que la revitalización de la auditoría interna, que había permanecido inactiva durante años, es fundamental para identificar desvíos y verificar que los pagos correspondan a prestaciones efectivamente realizadas. Soy responsable del fondo del instituto, que proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos, lo tengo que cuidar. Corresponde que se audite , afirmó, y anticipó que se va a regularizar el pago .
Estas nuevas irregularidades se suman a las denuncias ya presentadas por las autoridades del PAMI, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, lo que ha derivado en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias. La gestión actual se muestra decidida a combatir las irregularidades y garantizar la correcta administración de los fondos públicos destinados a la salud de los jubilados y pensionados. La auditoría interna, según aseguran, continuará siendo una herramienta clave en esta tarea.
