Panamá enfrenta el desafío de evolucionar en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una discapacidad que a menudo permanece invisible pero que presenta barreras significativas para su plena inclusión en la sociedad. Si bien la Constitución Política panameña, en sus artículos 19 y 113, establece la obligación del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades y los medios de subsistencia para todas las personas con discapacidad, la experiencia histórica para las personas con autismo ha sido marcada por intentos de normalización forzada, en lugar de una verdadera aceptación de la neurodiversidad.
El nuevo paradigma constitucional, reforzado por el Bloque de Constitucionalidad, exige un cambio fundamental en la perspectiva: entender las diferencias en el funcionamiento cerebral no como déficits a ser curados , sino como variaciones naturales dentro de la diversidad humana. Esto implica que el derecho a la igualdad no debe centrarse en obligar a la persona con autismo a adaptarse a un entorno que no está diseñado para sus necesidades, sino en adaptar el entorno físico, comunicacional y jurídico para que sea accesible y comprensible para ellos.
Un avance significativo en este camino se observa en el nuevo Código Procesal Civil (Ley 402 de 2023), que introduce formalmente los ajustes razonables para garantizar el acceso a la justicia para las personas con autismo. En el ámbito judicial, esto significa que se deben eliminar los formalismos técnicos incomprensibles y utilizar sistemas de comunicación aumentativa o lenguaje sencillo para asegurar que las personas con TEA puedan comprender y participar plenamente en los procesos legales.
Sin embargo, para que la inclusión sea una realidad tangible y no un mero eslogan, es necesario fortalecer las garantías legales en áreas clave. En primer lugar, se debe elevar al rango de tutela efectiva el derecho a la comunicación adaptada. El Estado y los servicios públicos deben garantizar el uso de pictogramas y señalética universal, reconociendo que la falta de accesibilidad cognitiva es una forma de discriminación que impide el pleno ejercicio de la libertad de movimiento y la participación en la vida pública.
En segundo lugar, es crucial proteger a las personas con autismo frente a terapias supresoras. Se debe tutelar el derecho a la integridad personal, garantizando que los tratamientos respeten la autonomía del individuo y no busquen suprimir rasgos naturales de la neurodivergencia a través de métodos coercitivos. La atención debe centrarse en el apoyo y el desarrollo de habilidades, no en la eliminación de características inherentes a la identidad de la persona.
En el ámbito laboral, las cuotas generales de inclusión no son suficientes. Se requiere una normativa específica que promueva el empleo con apoyo , donde el entorno laboral se ajuste para aprovechar las capacidades únicas de las personas con autismo, evitando el subempleo y fortaleciendo sus derechos laborales. Esto implica proporcionar el apoyo necesario para que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva y contribuir plenamente al mercado laboral.
La educación también requiere una transformación profunda. El derecho a la educación no se limita a la permanencia en el aula; exige que el currículo sea flexible y que existan figuras de apoyo o tutores especializados, financiados total o parcialmente por el sistema público. Estos profesionales pueden proporcionar la asistencia individualizada que las personas con autismo necesitan para tener éxito en su educación y desarrollar su potencial.
En esencia, la dignidad humana, que es el eje central del ordenamiento jurídico panameño, exige reconocer que no existe una única forma correcta de percibir el mundo. Al fortalecer las garantías para las personas con autismo, Panamá no solo cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que también se humaniza a sí misma. Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguirre Magaña vs. El Salvador, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones con el fin de garantizar que las limitaciones sean desmanteladas .
La inclusión, como bien expresa George Dei, no se trata de llevar a las personas a lo que ya existe, sino de crear nuevos y mejores espacios para todos. Panamá tiene la oportunidad de liderar este cambio, construyendo una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con la diversidad humana, donde las personas con autismo puedan vivir con dignidad, autonomía y plena participación. El momento de actuar es ahora, adaptando el entorno para que todos puedan prosperar.
