El cuerpo de Tulia Esther Caballero Simanca, una abogada colombiana de 64 años, fue encontrado en el descansillo del edificio de La Fuensanta en Córdoba, España, con al menos 14 heridas de machete. Las autoridades confirmaron su muerte en el acto, tras un ataque brutal que ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la efectividad de las medidas de protección en España.
El ataque ocurrió en un contexto de escalada de violencia por parte de su expareja, F. L., de 63 años, quien ya había agredido a la víctima con un martillo y dañado su propiedad días antes. A raíz de este incidente, se emitió una orden de alejamiento el viernes 10 de abril, la cual el agresor ignoró flagrantemente. Tulia Caballero debía comparecer ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer el lunes 13 de abril para una audiencia relacionada con la denuncia que había presentado contra F. L.
Según las investigaciones, el agresor aprovechó que la cerradura del apartamento de la víctima había sido cambiada, pero la del edificio permanecía igual, para acceder al inmueble y esperar a que ella saliera. Al interceptarla en el pasillo, la atacó con un machete, infligiéndole 14 puñaladas mortales. La brutalidad del ataque impidió que nadie pudiera intervenir a tiempo para salvarle la vida.
La escena del crimen estaba impregnada de gas pimienta, lo que obligó a los bomberos a intervenir para dispersar la sustancia en el aire. La Policía detuvo a F. L. en el lugar de los hechos, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si permanece bajo custodia.
Tanto Tulia Caballero como su agresor figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta del Ministerio del Interior de España diseñada para mejorar la protección de mujeres en riesgo. Sin embargo, este sistema no fue suficiente para evitar la tragedia.
La víctima, originaria de Cartagena, Colombia, residía en Europa desde hacía varios años y se había separado de F. L. debido a los crecientes episodios de violencia. Tenían dos hijos en común. Tulia formalizó la denuncia por maltrato, agresión física y daños en su domicilio solo este mes, buscando protección legal ante el temor a un desenlace fatal.
Testimonios recogidos por la prensa local revelan que Tulia Caballero era consciente del peligro que corría y había expresado su preocupación a las autoridades, solicitando medidas de protección adicionales. A pesar de haber tomado medidas de autoprotección y recurrido al sistema judicial, el agresor logró vulnerar las restricciones y acceder al edificio la mañana del crimen.
Este caso se suma a una preocupante tendencia de feminicidios de colombianas en España. En lo que va de 2026, se han registrado varios casos similares, como el de Jenny, quien fue víctima número 44 de la violencia de género en España en 2025 y la tercera en la provincia de Sevilla. Su historia, marcada por la esperanza de un futuro mejor para sus tres hijos, terminó trágicamente.
El asesinato de Tulia Caballero ha generado consternación y ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género en España. La efectividad del VioGén y la aplicación de las órdenes de alejamiento son ahora objeto de escrutinio, mientras que organizaciones feministas y activistas exigen una respuesta más contundente por parte de las autoridades para prevenir futuros casos de feminicidio. La pregunta que queda en el aire es si las medidas actuales son suficientes para proteger a las mujeres que se encuentran en situación de riesgo, o si se necesita una revisión profunda del sistema para garantizar su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia.
