La Cámara de Diputados inició un debate crucial sobre proyectos destinados a mitigar el creciente endeudamiento de los hogares argentinos, una situación que ya no se limita a un aumento en la morosidad, sino que se caracteriza por el destino de los créditos: cubrir gastos corrientes básicos. Actualmente, seis propuestas de cinco bloques de la oposición al Gobierno buscan ofrecer alternativas de pago y refinanciación a las familias asfixiadas por las deudas.
Durante una reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor, se presentó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que revela cifras alarmantes. A febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2%, mientras que en entidades no financieras se disparó al 29,9%. Las tasas anuales de los préstamos personales bancarios superan la inflación proyectada, situándose en torno al 70%. El informe detalla que 4,8 millones de personas en Argentina se encuentran con una mora superior a los 3 meses, lo que representa un incremento del 45% (aproximadamente 1,5 millones) en comparación con febrero de 2023.
Los expertos coinciden en la urgencia de abordar la tendencia de utilizar el endeudamiento para cubrir necesidades básicas. El aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires, que alcanzó el 209% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, ha superado ampliamente la inflación promedio. Los alquileres aumentaron un 423%, los servicios un 539% y el transporte un 447% en el mismo período. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, describió la situación como "un tsunami en formación", advirtiendo sobre la "imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas".
El diputado Hugo Yasky, presidente de la Comisión, anunció que se realizará una segunda reunión informativa con la participación de representantes de otros bloques políticos. Se están buscando los consensos, pero aún no hay nada definido , declaró desde el justicialismo. Las conversaciones, según fuentes de Ámbito, trascienden las bancadas y se extienden a las cámaras de senadores y diputados.
Arturo Pozzali, funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, destacó el "permanente aumento de reclamos" y el crecimiento de la morosidad, que se acerca al 22%. Anticipó la necesidad de un eventual "salvataje" para las entidades financieras y advirtió sobre un escenario de multiendeudamiento, donde las familias acumulan deudas en tarjetas de crédito, créditos personales y créditos hipotecarios. Pozzali señaló que las "moras automáticas" complican aún más la situación de las familias.
Ariadna Ciammarriello, funcionaria de la Oficina Municipal del Consumidor en Rosario, subrayó la "falta de información" proporcionada por las entidades financieras al momento de ofrecer productos o refinanciar deudas. Describió un esquema de "endeudamiento circular", donde los consumidores "licitan deuda para pagar deuda", sin cancelar el pasivo original, sino simplemente rotando las obligaciones.
Alejandra Fernández Scarano, directora del CEPA y secretaria de Hacienda de Hurlingham, enfatizó que el acceso a créditos no es inherentemente negativo, pero que el Gobierno debe implementar políticas de ingresos que permitan a las personas pagar sus deudas de manera sostenible. "La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo", afirmó.
En la Cámara de Diputados se han presentado seis proyectos con diferentes enfoques para abordar la problemática. El entrerriano Guillermo Michel, junto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota, propuso la creación de un "Programa de desendeudamiento de las familias argentinas" que incluye una "línea de crédito directa del ANSES" para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. El crédito, con un monto máximo de $1.500.000, se ofrecería en condiciones de mercado, basadas en la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
Natalia Zaracho e Itaí Hagman, del mismo bloque, solicitaron la declaración de emergencia crediticia por dos años, impulsando medidas como auditorías, adquisición y reestructuración de deudas. Se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento que auditaría las deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos con cuotas que no superen el 30% de sus ingresos.
Santiago Roberto, también diputado, propuso la condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, el refinanciamiento del saldo restante y la suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.
Roxana Monzón y otros 15 diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que busca facilitar la cancelación de pasivos de personas en situación de morosidad o riesgo de insolvencia, especialmente aquellos relacionados con artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta exige a las entidades prestamistas ofrecer reprogramaciones de deuda a simple solicitud del titular.
Desde Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías propusieron modificar la Ley de Concursos y Quiebras para incluir a los deudores de créditos de consumo como sujetos "pasibles de protección especial" y limitar el embargo de ingresos a un monto que no reduzca los ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Finalmente, Marcela Pagano presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que busca limitar el endeudamiento, regular la publicidad crediticia, crear un sistema de alerta temprana y establecer un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.
