El Gobierno nacional redujo las transferencias de fondos a las provincias en US$18.000 millones durante los últimos 26 meses, consolidándose como un pilar central de su política de ajuste fiscal, según un reciente informe del Instituto de Análisis y Investigación de la Argentina Federal (IARAF). El estudio, que abarca el período entre enero de 2024 y febrero de 2026, distingue entre transferencias automáticas vinculadas a la recaudación de impuestos coparticipables y transferencias no automáticas, de carácter discrecional. Ambas categorías reflejan una disminución significativa de recursos para las 23 provincias argentinas, en contraste con la situación de la Ciudad de Buenos Aires.
En términos reales, las provincias acumularon una pérdida de $36 billones a valores constantes de febrero de 2026. De esta cifra, el 57% corresponde a la reducción de transferencias no automáticas, mientras que el 43% restante se debe a la caída de las transferencias automáticas. El recorte en los envíos discrecionales resultó particularmente determinante, con una baja acumulada de $20,5 billones en comparación con el promedio mensual de 2023. Paralelamente, las transferencias automáticas también experimentaron una contracción de $15,6 billones, influenciada por la menor recaudación de impuestos clave como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
El informe del IARAF subraya que esta dinámica no se limita a decisiones de gasto, sino que también está vinculada a modificaciones en la política tributaria. Entre estas modificaciones se encuentran la restitución de certificados de exclusión en percepciones aduaneras de IVA y las reducciones en diversos impuestos, que impactaron negativamente en la recaudación general.
La provincia de Buenos Aires se erige como la jurisdicción más afectada en términos absolutos, con una pérdida acumulada que supera los $14,1 billones considerando ambos tipos de transferencias. Le siguen Santa Fe, con $2,5 billones, y Córdoba, con $2,1 billones. En el extremo opuesto, La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut registraron las menores caídas, aunque todas las provincias experimentaron descensos en sus recursos totales.
El análisis per cápita revela una distribución aún más desigual del impacto. La Rioja lidera las mayores pérdidas por habitante, con una caída acumulada superior a $3 millones, seguida por Tierra del Fuego y Formosa. En contraste, Córdoba, Mendoza y Chubut presentan los menores descensos relativos.
Un caso particular es el de la Ciudad de Buenos Aires, que experimentó un incremento neto de recursos. Este aumento se explica por el cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema, que elevó su coeficiente de coparticipación, compensando con creces la caída en las transferencias automáticas.
El informe del IARAF detalla que la reducción de las transferencias no automáticas se intensificó a partir de la segunda mitad de 2024, coincidiendo con la implementación de medidas de ajuste más agresivas por parte del Gobierno nacional. La caída de las transferencias automáticas, por su parte, se atribuye a la desaceleración económica y a los cambios en la política tributaria, que afectaron la recaudación de los impuestos coparticipables.
Las consecuencias de esta reducción de fondos para las provincias son diversas y potencialmente significativas. Los gobiernos provinciales se ven obligados a ajustar sus presupuestos, recortar gastos en áreas clave como salud, educación e infraestructura, y a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Esto podría afectar la calidad de los servicios públicos, la inversión en obras públicas y el desarrollo económico de las provincias.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el impacto de la reducción de fondos en la provincia, que concentra la mayor parte de la población del país y enfrenta importantes desafíos sociales y económicos. Kicillof ha denunciado que el Gobierno nacional está aplicando un recorte indiscriminado que perjudica a las provincias más necesitadas y que dificulta la implementación de políticas públicas esenciales.
El informe del IARAF advierte que la situación podría agravarse en los próximos meses si la economía no se recupera y si el Gobierno nacional mantiene su política de ajuste fiscal. La falta de recursos podría generar tensiones entre la Nación y las provincias, y dificultar la coordinación de políticas públicas en áreas clave como la seguridad, la salud y la educación.
El estudio concluye que es necesario un diálogo constructivo entre la Nación y las provincias para encontrar soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad fiscal de las provincias y el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas. Se sugiere explorar alternativas como la revisión del sistema de coparticipación federal, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y la implementación de políticas de eficiencia en el gasto público. La situación actual exige una respuesta integral y coordinada para evitar que la reducción de fondos afecte el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del país.
