Madrid La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido procesada por la justicia española por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La decisión, tomada por el juez Juan Carlos Peinado, ha generado una fuerte reacción política y ha puesto en el centro del debate el uso de la posición de poder para beneficio personal.
El juez Peinado argumenta que Gómez aprovechó su cercanía con el presidente para obtener ventajas indebidas, comparando la situación con prácticas propias de regímenes absolutistas como el del rey Fernando VII . La resolución judicial abre la puerta a un juicio oral, en el que la defensa de Gómez tendrá que presentar sus argumentos ante un posible jurado popular, una medida que aún debe ser confirmada por la Audiencia de Madrid.
La noticia ha provocado una inmediata y contundente respuesta desde La Moncloa, donde se considera que Gómez es inocente y que la investigación tiene motivaciones políticas. El ministro de Justicia, Félix Bolaño, ha criticado duramente al juez Peinado, acusándolo de avergonzar a ciudadanos y a otros magistrados, y de causar un daño irreparable a la justicia española. Sánchez, actualmente de gira en China, aún no ha realizado declaraciones públicas al respecto.
La principal acusación contra Gómez se centra en el tráfico de influencias. Según el juez, desde que Sánchez asumió la presidencia, el gobierno español habría tomado decisiones que beneficiaron a su esposa y a su entorno. La investigación se remonta al desembarco de Gómez como directora de la cátedra Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Desde esta posición, Gómez dirigió un máster y desarrolló proyectos con empresas, organizando foros y jornadas en los que mantuvo contacto con numerosas compañías.
La justicia investiga si estas relaciones con las empresas se limitaron al ámbito académico o si derivaron en ventajas indebidas para ambas partes. Un caso concreto que ha llamado la atención es el del empresario Juan Carlos Barrabés, quien apoyó la cátedra y dio clases en ella. Posteriormente, Barrabés habría sido beneficiado con contratos públicos por parte del gobierno español. El juez Peinado señala que existe una intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada y el apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés . Tanto Gómez como Barrabés han sido procesados por este presunto delito de tráfico de influencias.
Además del tráfico de influencias, la acusación de corrupción en los negocios se basa en la presunta utilización por parte de Gómez de su posición para establecer contactos con empresas con el fin de desarrollar una plataforma virtual para su cátedra. Estas empresas, según la investigación, habrían recibido cartas de recomendación de la primera dama y habrían participado en reuniones en La Moncloa.
El juez Peinado también acusa a Gómez de apropiación indebida, alegando que no registró el software desarrollado por estas empresas a nombre de la universidad, sino que lo integró en una página web de su propiedad. Asimismo, se le imputa un delito de malversación por haber aceptado la designación de una asistente personal del Estado para realizar tareas relacionadas con su carrera privada y no con sus funciones como primera dama.
La investigación ha revivido viejas tensiones políticas. Hace dos años, cuando el juez Peinado abrió la investigación contra Gómez, Sánchez se tomó unos días de reflexión , generando especulaciones sobre una posible renuncia. Finalmente, el presidente regresó y acusó al magistrado de orquestar una estrategia de acoso y derribo instigada por la oposición.
La resolución del juez Peinado es susceptible de apelación, y se espera que la defensa de Gómez presente los recursos correspondientes en los próximos días. El futuro del caso es incierto, y el proceso judicial podría prolongarse durante meses o incluso años. Mientras tanto, la oposición política ha intensificado sus críticas contra el gobierno, exigiendo explicaciones claras y transparencia en el caso. La ciudadanía española observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, en un momento de creciente polarización política y desconfianza en las instituciones. La sombra de la sospecha se cierne sobre La Moncloa, y la credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en juego.
