El gobierno federal entrega becas estudiantiles sin mecanismos de verificación sobre su uso, revelando que solo un 35.3% de los recursos destinados a estudiantes de niveles básico y bachillerato se invierte directamente en educación. Un estudio oficial detalla que el resto se distribuye entre alimentos, vestido, ahorro, transporte e incluso productos como tabaco y alcohol, generando interrogantes sobre la efectividad del programa y su impacto real en la trayectoria escolar de los beneficiarios.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez admitió, a través de una respuesta a una solicitud de transparencia de EL UNIVERSAL, que no realiza ningún tipo de seguimiento, registro o verificación del destino específico de los apoyos económicos que reciben los estudiantes desde primaria hasta bachillerato. Esta falta de control impide determinar si los recursos están siendo utilizados para los fines previstos, es decir, para cubrir gastos relacionados con la educación.
“Esta coordinación nacional no realiza ni cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación del destino específico que cada persona beneficiaria le otorga a los recursos recibidos, por lo que no es posible detallar de manera individual los bienes o productos adquiridos con dichos apoyos”, señaló la instancia gubernamental.
El Estudio sobre el uso de las becas para el Bienestar Benito Juárez, elaborado hace dos años por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de la coordinación, revela una distribución del gasto que contrasta con la percepción pública sobre el uso de estos recursos. Si bien la educación representa el rubro más importante con un 35.3%, le siguen de cerca los alimentos y bebidas (15.8%), el vestido y calzado (10.5%), el ahorro (10.3%) y las comunicaciones (7.8%). Sorprendentemente, un 0.3% del total se destina a la compra de alcohol y tabaco.
La situación se complica aún más con la transición gradual de las becas Benito Juárez a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez, que comenzó con secundaria en 2025 y se extenderá a primaria y preescolar. Para 2025, el apoyo base se ha fijado en mil 900 pesos bimestrales por familia, con un adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito en el mismo nivel educativo.
El estudio se basó en información recopilada de 507 participantes en 35 escuelas prioritarias de 13 entidades del país. Los resultados sugieren que, en el caso de los estudiantes de educación media superior, la beca contribuye significativamente a su permanencia y conclusión de los estudios al permitirles cubrir gastos educativos como artículos escolares, libros, uniformes e inscripciones. Los padres y madres de familia encuestados también destacaron que la beca actúa como un incentivo para que sus hijos continúen estudiando y les brinda una mayor independencia en la toma de decisiones financieras.
En cuanto a los becarios universitarios y normalistas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el gasto se concentra principalmente en transporte público, seguido por el pago de matrícula, inscripción y mensualidades escolares, comidas y bebidas fuera de casa, equipo de cómputo y alimentos en el hogar. El estudio enfatiza que, contrariamente a lo que se podría pensar, la beca es fundamental para cubrir las necesidades básicas de los estudiantes y asegurar la continuidad de sus estudios.
Sin embargo, el especialista en temas educativos Fernando Ruiz advierte que el estudio no es representativo a nivel nacional y sus resultados deben interpretarse con cautela. Ruiz explica que el análisis se basa en encuestas de ingreso y gasto complementadas con entrevistas, lo que es metodológicamente válido, pero no permite rastrear con precisión el destino de cada peso entregado.
“Los datos muestran que la beca se integra al gasto familiar, más que evidenciar un ‘mal uso’ de los recursos”, señala Ruiz. En su opinión, el problema de fondo radica en la falta de claridad en los objetivos del programa y en la ausencia de mecanismos de evaluación adecuados. Las becas, según Ruiz, han evolucionado de ser una política estrictamente educativa a una política social de transferencias, lo que no es necesariamente negativo, pero sí genera confusión sobre el uso esperado de los recursos y dificulta la medición de su impacto en el ámbito educativo.
Ruiz subraya que la distribución del gasto refleja las desigualdades estructurales existentes en el país. En los hogares más vulnerables, el gasto se concentra en alimentación, mientras que en niveles educativos más avanzados aumenta el peso del transporte. Los datos del estudio confirman esta tendencia: el gasto en transporte crece del 16.7% en educación básica a más del 21% en educación superior, lo que evidencia las barreras territoriales que dificultan la continuidad escolar.
Ante este panorama, Ruiz considera fundamental fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la política. Propone avanzar hacia un diseño más claro y orientado a resultados que vincule las becas con indicadores de trayectoria escolar y reconozca las distintas condiciones en las que operan los estudiantes, incorporando apoyos diferenciados como transporte o estrategias complementarias en zonas de mayor pobreza.
Por su parte, Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, critica la ausencia de mecanismos de seguimiento como evidencia de una política diseñada sin una teoría del cambio clara. Martínez argumenta que, si el objetivo declarado es garantizar la permanencia y conclusión escolar, resulta inaceptable que el Estado no sepa, siquiera de manera aproximada, si la transferencia monetaria se traduce en mejoras en las condiciones educativas de los becarios.
Martínez considera que el programa carece de los controles propios de un instrumento de este tipo. “La palabra ‘beca’ implica, etimológicamente, la posibilidad de dedicarse de tiempo completo a estudiar, lo que evidentemente no sucede, salvo en el caso de las becas de posgrado. Esta ambigüedad de diseño es costosa: tiene consecuencias presupuestarias, de evaluación y de legitimidad ante los contribuyentes, así como ante las familias que sí priorizan el gasto educativo con sus propios recursos”, comenta.
En conclusión, la falta de mecanismos de seguimiento y la distribución del gasto revelada por el estudio plantean serias interrogantes sobre la efectividad de las becas como herramienta para mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes. La necesidad de un diseño más claro, orientado a resultados y adaptado a las distintas realidades socioeconómicas de los beneficiarios se presenta como un desafío crucial para garantizar que estos recursos cumplan su objetivo principal: impulsar la educación en México.
