El Gobierno se prepara para aprobar en los próximos días el Real Decreto que regularizará a miles de inmigrantes, estableciendo ventanillas específicas en la Seguridad Social y Correos para gestionar la previsiblemente masiva afluencia de solicitudes. Sin embargo, la participación de la empresa pública Tragsa y, en menor medida, de Correos, en este proceso ha generado dudas y objeciones en el Consejo de Estado.
Según fuentes consultadas por ABC, el Consejo de Estado cuestiona la idoneidad de Tragsa para llevar a cabo “los trámites materiales de gestión, tramitación y preparación para la resolución” de las solicitudes, incluyendo el acceso a los aplicativos necesarios y la formulación de consultas de oficio. La preocupación radica en que el encargo no encaja con la naturaleza de Tragsa, una empresa dedicada a servicios ambientales y de desarrollo rural, y en la falta de justificación de su participación en un proceso administrativo de esta envergadura.
El órgano consultivo del Gobierno exige que se acoten los encargos a Tragsa y que se incluya un análisis detallado de su participación en la memoria del proyecto, considerando la importancia de la objetividad, neutralidad y transparencia en cualquier adjudicación. Además, se cuestiona el alcance de la “gestión material” que se le encomendaría a Correos, sugiriendo que se especifique con mayor detalle su papel.
A pesar de las dudas y el retraso en el calendario previsto –la regularización debía comenzar el 1 de abril–, la ministra Elma Saiz ha asegurado que el proceso es “inminente” y que se busca que sea “ágil y eficaz”. No obstante, persisten incertidumbres sobre el cumplimiento de los plazos y el impacto del esfuerzo adicional en las administraciones implicadas. La reciente vinculación de Tragsa con el caso de las mascarillas también añade un elemento de controversia al debate.
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