La reciente aprobación de la Ley de Minas en Venezuela por la Asamblea Nacional oficialista supone una apertura de facto a la inversión extranjera en el sector minero del país, en un contexto marcado por la cooperación económica con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero de 2026. Esta norma, que sigue a reformas en los sectores de hidrocarburos y agilización de trámites, busca modernizar la industria minera y atraer capital privado para la explotación de oro y minerales esenciales.
La legislación también establece sanciones para la extracción ilegal y la degradación ambiental, problemas graves especialmente en el Arco Minero del Orinoco. Expertos señalan que la minería ilegal en el sur de Venezuela ha crecido rápidamente en la última década, con la participación de grupos criminales y guerrillas.
Si bien Venezuela es conocida por su petróleo, el país también posee importantes yacimientos de hierro, bauxita, oro, diamantes, coltán, níquel, cobre y carbón, e incluso posibles reservas de tierras raras y torio. Durante años, Chávez y Maduro acusaron a Estados Unidos de buscar apropiarse de estos recursos, acusaciones que parecieron confirmarse con las declaraciones del presidente Trump tras su captura, quien habló de acceso total al petróleo y otras cosas del país.
Las autoridades venezolanas estiman que existen al menos 50 minerales en el país, de los cuales unos 15 podrían ser explotados comercialmente. Sin embargo, la falta de estudios verificados y la explotación desorganizada dificultan conocer las reservas reales de oro.
La explotación de oro ha aumentado en los últimos años, alcanzando entre 40 y 50 toneladas anuales, pero solo una pequeña parte de estos ingresos llega al Banco Central de Venezuela, mientras que una porción significativa estaría en manos de organizaciones criminales y élites políticas.
Funcionarios estadounidenses han expresado interés en los minerales críticos de Venezuela, incluyendo aquellos incorporados a la lista de minerales críticos de EE.UU. en noviembre de 2025. No obstante, existen dudas sobre la capacidad de Venezuela para convertirse en un proveedor confiable a corto plazo debido a la falta de infraestructura y un marco jurídico estable.
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