La continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, una política de Estado que había logrado avances relevantes en la búsqueda de personas desaparecidas durante violaciones a los derechos humanos, está en riesgo, según denuncian familiares de víctimas y expertos en la materia. Las sospechas se centran en despidos recientes y decisiones políticas que podrían debilitar la iniciativa.
Las preocupaciones se intensifican ante la trayectoria profesional del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien previamente defendió a Augusto Pinochet en causas relacionadas con violaciones de derechos humanos. Esta defensa genera suspicacias sobre un posible conflicto de intereses, dado el rol del ministro en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda.
Especialistas advierten sobre la incompatibilidad de mantener simultáneamente un plan de búsqueda de desaparecidos y políticas que promuevan el perdón o beneficios a condenados por crímenes de derechos humanos. Consideran que ambas líneas de acción son contradictorias y socavan los esfuerzos por establecer verdad y justicia.
La situación ha generado incertidumbre entre las familias de las víctimas, quienes temen que el Plan Nacional de Búsqueda pierda impulso y se reviertan los logros alcanzados. La política, reconocida a nivel mundial por sus avances, se encuentra ahora bajo escrutinio debido a las decisiones tomadas por el actual gobierno y la figura del ministro Rabat. Se cuestiona si las acciones del gobierno reflejan un compromiso real con la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas.
Para mayor información sobre este tema, se recomienda revisar el reportaje de Paulina de Allende-Salazar en el programa Punto por Punto de El Mostrador. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
