El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha manifestado la preocupación de su gobierno ante las autoridades diplomáticas de China por el reciente aumento en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. Si bien el mandatario enfatizó su deseo de evitar una escalada del conflicto, confirmó un aumento inusual en estas detenciones, lo que, según él, está afectando la carga mundial.
Durante una conferencia de prensa, Mulino detalló que las detenciones, presentadas como inspecciones, han aumentado significativamente. El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, especificó a CNN que en marzo se detuvieron 92 buques con bandera panameña, un contraste notable con los 40 a 60 buques mensuales registrados anteriormente.
A pesar de este incremento, Mulino admitió que no se tiene certeza sobre las causas exactas de las detenciones. Tanto él como Roquebert subrayaron que todas las naves deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad marítima. Mulino, con experiencia como abogado marítimo, calificó la cantidad de detenciones como inusual , indicando que el director de Marina Mercante de Panamá, actualmente en Japón participando en el Memorando de Entendimiento de Tokio sobre puertos, está investigando la validez y el fundamento de estas acciones.
El presidente panameño descartó que las detenciones sean una forma de represalia política, sugiriendo que China podría estar intensificando las revisiones de seguridad marítima. Además, señaló que las cifras de detenciones de otros registros competidores no son significativamente inferiores a las de Panamá.
Mulino expresó su esperanza de que la situación se calme y se retorne a la normalidad, tanto en las relaciones políticas como en la resolución del problema. Lo único que yo deseo es que esta situación desescale y volvamos a una normalidad, tanto en la relación política, como el entendimiento de que esto es un problema que se va a resolver , afirmó.
La situación se desarrolla en un contexto de disputa legal por la decisión de la Corte Suprema de Panamá de anular el contrato de Panama Ports Company (PPC), una filial del grupo hongkonés CK Hutchinson, que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas. Esta anulación ha llevado a que Maersk, una compañía danesa, opere de forma transitoria uno de los puertos en cuestión, según lo establecido en el contrato con Panamá.
PPC ha presentado un arbitraje contra Maersk, acusándola de alinearse con el gobierno panameño en una campaña estatal para reemplazarla. Maersk ha confirmado el inicio del procedimiento y ha declarado que no se considera responsable de las reclamaciones, comprometiéndose a abordarlas en el foro correspondiente.
Mulino se abstuvo de comentar sobre el arbitraje entre PPC y Maersk, y también prefirió ser cauteloso sobre el arbitraje presentado por PPC contra Panamá. Sin embargo, rechazó la acusación de alineamiento con el gobierno, insistiendo en que simplemente se ha cumplido con el fallo de la Corte Suprema. Los reclamos de PPC contra Panamá se están tramitando en tribunales arbitrales de Nueva York, según información proporcionada por el presidente.
La preocupación del gobierno panameño se centra en el impacto potencial de estas detenciones en el comercio mundial. El Canal de Panamá es una vía marítima crucial para el comercio internacional, y cualquier interrupción en el flujo de carga podría tener consecuencias significativas para la economía global.
El gobierno de Mulino está buscando activamente una solución diplomática a este problema, manteniendo un diálogo abierto con las autoridades chinas para comprender las razones detrás de las detenciones y encontrar una manera de resolver la situación de manera satisfactoria para ambas partes. La prioridad, según el mandatario, es evitar una escalada del conflicto y garantizar la estabilidad del comercio marítimo en la región.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está colaborando estrechamente con el gobierno para recopilar información y analizar la situación. Se están revisando los registros de las detenciones y se están evaluando las posibles causas. La AMP también está trabajando con la comunidad marítima internacional para identificar cualquier patrón o tendencia que pueda ayudar a comprender mejor el problema.
El gobierno panameño confía en que, a través del diálogo y la cooperación, se pueda encontrar una solución que proteja los intereses de Panamá y garantice la continuidad del comercio marítimo en la región. La situación es monitoreada de cerca y se están tomando todas las medidas necesarias para mitigar cualquier impacto negativo en la economía panameña y en el comercio mundial.
