Una parranda vallenata realizada en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itag í, donde se encuentran recluidos cabecillas de grupos criminales del Valle de Aburrá que participan en una mesa de paz urbana con el gobierno, ha desatado una crisis institucional y la suspensión de diálogos. El cantante Nelson Velásquez habría sido contratado para la presentación, recibiendo, según la concejal Claudia Carrasquilla, 100 millones de pesos por su actuación dentro del penal.
Ante la gravedad de los hechos, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, anunció la destitución del director encargado de la cárcel, Édgar Iván Pérez, y del comandante de vigilancia. Además, se abrió una investigación contra siete funcionarios que se encontraban de turno al momento de la parranda. Una comisión designada desde Bogotá se encuentra actualmente investigando las circunstancias del evento. Gutiérrez enfatizó que el director que permita fuga, escándalos se tiene que ir .
El Espacio de Conversación Socio Jurídico (Escj) rechazó categóricamente lo ocurrido y suspendió los diálogos con los voceros de las estructuras criminales, argumentando la falta de claridad sobre su posible responsabilidad en la organización del evento.
La Fiscalía General de la Nación también tomó medidas, suspendiendo las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales, incluyendo los 16 voceros que se encuentran recluidos en la cárcel de Itag í y otros siete que ya han cumplido sus penas. Esta suspensión, con una duración de seis meses, aplica únicamente en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro.
Este incidente pone en tela de juicio el avance de la mesa de negociación socio jurídica con los combos paisas, un proceso que lleva dos años con acuerdos limitados y cuya influencia en la disminución de delitos en Medellín no está claramente definida, siendo atribuida a una combinación de políticas estatales y pactos entre grupos criminales.
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