El Gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa solicitando la suspensión de la ley que modificó el régimen de protección de glaciares. La demanda, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la norma sancionada por el Congreso Nacional.
El gobernador Sergio Ziliotto anunció la decisión, afirmando que la ley lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales , además de vulnerar el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú. Ziliotto advirtió sobre el impacto negativo para la provincia, anticipando que la norma va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente .
La Pampa, aunque no posee glaciares, depende del agua proveniente de sistemas hídricos de origen glacial, particularmente el río Colorado, que actualmente abastece al 45% de la población provincial y podría extender su alcance con la reactivación del proyecto de acueducto hacia el norte. La fiscal de Estado, Romina Schmidt, detalló que la demanda solicita la inmediata inaplicabilidad de la ley, argumentando que el daño a la provincia es real y no abstracto.
La presentación judicial cuestiona el proceso de participación en la elaboración de la ley, señalando que las audiencias públicas no cumplieron con los estándares del Tratado de Escazú. En paralelo, organizaciones ambientales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace han comenzado a organizar presentaciones judiciales independientes, buscando ampliar el reclamo a nivel nacional. La discusión sobre la protección de los recursos hídricos se traslada ahora al ámbito judicial, con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma y reabrir el debate.
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