La jueza de Garantías N 5 de La Plata, Marcela Garmendia, concedió la excarcelación a V.B., la mujer de 42 años acusada de estafar a un compañero de trabajo con discapacidad psíquica por más de 2 millones de pesos en el Jardín N 954. La decisión se tomó tras una audiencia donde la imputada expuso su situación personal, manifestó arrepentimiento y detalló sus dificultades económicas.
Fuentes del caso informaron a Infobae que la defensa de V.B., liderada por el abogado Miguel Molina, solicitó la excarcelación argumentando la falta de antecedentes de la acusada, su entorno personal vulnerable y su disposición a enfrentar las consecuencias legales. Durante la audiencia, V.B. expresó su arrepentimiento y describió una coyuntura crítica en su vida: un salario bajo como auxiliar de limpieza, la falta de recepción de la cuota alimentaria provisoria para su hijo menor de 7 años, y la ausencia de una red familiar de apoyo. Estas circunstancias, según argumentó, agravan su situación y la colocan en un estado de especial vulnerabilidad.
El fallo judicial establece que V.B. deberá someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial correspondiente, presentando constancias mensuales que acrediten su cumplimiento. Adicionalmente, la Justicia ordenó un informe ambiental en el domicilio de la acusada para monitorear su entorno y condiciones de vida durante el proceso penal. La jueza Garmendia fundamentó su resolución en la ausencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga u obstrucción de la investigación, y consideró que la caución juratoria es suficiente para garantizar su comparecencia ante la Justicia.
La investigación, impulsada por la UFIyJ N 16 a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, se centra en cuatro hechos de defraudación informática en concurso real. De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, V.B. habría accedido a los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, con quien compartía el espacio de almacenamiento de pertenencias en el establecimiento educativo. Entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, se registraron consumos repetidos que resultaron en un saldo negativo cercano a los 2 millones de pesos.
La documentación judicial detalla que las operaciones incluyeron compras de mercadería, ropa, calzado, un arbolito de Navidad, pasajes a San Bernardo y el pago de una factura de gas. El esquema de consumo se realizó en cuotas y por montos pequeños, una estrategia que permitió a la imputada operar durante semanas sin activar las alertas del sistema bancario. La denuncia se presentó ante la Dirección de Investigaciones Cibercrimen después de que el empleado damnificado detectara movimientos inusuales en su cuenta y sufriera embargos en sus haberes.
El allanamiento en el domicilio de V.B. resultó en el secuestro de un televisor, una cama, ropa, calzado, un celular, una notebook y anotaciones con datos de tarjetas. Estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su conexión con la maniobra fraudulenta. La causa permanece abierta y la Justicia aguarda los resultados del análisis pericial de los dispositivos electrónicos incautados.
La víctima, quien continúa trabajando en el jardín de infantes, espera el avance de la investigación y una posible restitución de los fondos. El expediente indica que, si la víctima no reconoce los consumos ante la entidad bancaria, el seguro del banco deberá cubrir los montos sustraídos, lo que podría mitigar el impacto financiero. Además, la restitución comprometida por la imputada, de concretarse, evitaría un perjuicio económico final para el damnificado.
V.B. fue notificada formalmente del delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, y deberá cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones. La medida de excarcelación, otorgada por la jueza Garmendia, está sujeta al estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas y a la evolución de la investigación en curso. La situación plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de las víctimas de estafas y las consideraciones judiciales en casos donde la imputada enfrenta dificultades económicas y personales significativas. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de V.B. en los delitos imputados.
