El modelo de seguridad implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha generado preocupación en Perú, donde algunos candidatos lo han propuesto como solución a la criminalidad. Sin embargo, un análisis exhaustivo, respaldado por expertos y publicaciones como The Economist, revela que este modelo no solo es inviable en el contexto peruano, sino que podría conducir a graves retrocesos en derechos fundamentales.
El abogado y Magister en Derecho, quien ha ocupado cargos de alto nivel como Ministro de Relaciones Exteriores (2001-2002) y de Justicia (2000-2001), además de haber presidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ser Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022, advierte sobre los peligros de replicar la estrategia salvadoreña. La pobreza del debate electoral en Perú ha permitido que este modelo, carente de fundamentos sólidos, gane terreno sin una oposición contundente.
La principal crítica radica en que el supuesto modelo Bukele no existe como tal. Intentar copiar las medidas implementadas en El Salvador no resolvería el problema de la criminalidad en Perú, sino que podría abrir la puerta a prácticas autoritarias y a la erosión de las libertades civiles. Existen numerosos análisis que desmontan la narrativa favorable a Bukele, desmintiendo las caricaturas locales que descalifican cualquier objeción como un ataque ideológico.
Uno de los casos más alarmantes es la detención de Ruth López, investigadora de Cristosal, sin una acusación clara. Este hecho es considerado un acto de persecución política que marca un giro en la gestión de Bukele. Inicialmente, las restricciones a las libertades se justificaban en nombre de la lucha contra las pandillas, pero ahora la represión se dirige contra críticos, periodistas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes. Esta situación erosiona la imagen reformista del gobierno y lo acerca a prácticas autoritarias.
A pesar de su alta popularidad cercana al 90%, sustentada por un férreo control del debate público han surgido investigaciones que cuestionan la narrativa de seguridad de Bukele. Se han revelado presuntos pactos con pandillas para obtener apoyo electoral y reducir los índices de homicidios. En respuesta a estas críticas, el gobierno ha implementado medidas propias de regímenes autoritarios, como órdenes de detención contra periodistas, leyes que criminalizan la difusión de información relacionada con pandillas con penas de hasta 15 años, y la ley de agentes extranjeros , que permite restringir discrecionalmente a organizaciones consideradas incómodas. Esta última norma recuerda a las utilizadas en países como Nicaragua o Rusia.
The Economist señala que el problema fundamental en El Salvador es la falta de contrapesos reales al poder de Bukele. La sociedad civil se encuentra intimidada y las instituciones debilitadas. Ante este panorama, la pregunta que se plantea es si este es realmente el modelo que algunos candidatos peruanos desean importar a su país.
El experto en derecho enfatiza que la situación en El Salvador es preocupante porque se está produciendo una erosión de los derechos fundamentales en nombre de la seguridad. La detención arbitraria de Ruth López es un ejemplo claro de esta tendencia. La criminalización de la información y la restricción de la libertad de prensa son otras señales de alerta.
La popularidad de Bukele, aunque alta, no justifica la erosión de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Es fundamental analizar críticamente las medidas implementadas en El Salvador y evaluar sus consecuencias a largo plazo. La experiencia salvadoreña debe servir como una advertencia para Perú, que no debe caer en la tentación de adoptar soluciones autoritarias que podrían poner en peligro sus libertades civiles y su sistema democrático.
La situación en El Salvador demuestra que la lucha contra la criminalidad no puede justificarse a costa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es necesario buscar soluciones integrales que aborden las causas profundas de la criminalidad, fortalezcan las instituciones democráticas y promuevan el respeto a los derechos humanos. La importación de un modelo autoritario como el de Bukele solo conduciría a un retroceso en la lucha por la democracia y el estado de derecho en Perú.
