Cuatro de los ocho implicados en el escándalo de corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itag í han manifestado su intención de acogerse a la figura del principio de oportunidad, ofreciendo información a la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales. Las solicitudes, presentadas en audiencias recientes, sugieren que los acusados poseen datos relevantes sobre el presunto esquema de corrupción que operó durante la pasada administración.
Las primeras capturas en este caso se realizaron en octubre de 2025, involucrando a Misael Cadavid, entonces gerente del Cuerpo de Bomberos de Itag í; Elkin de Jesús González, jefe de la misma agrupación; y María Yaneth Rúa, profesional del AMVA. Posteriormente, en enero, fueron imputados Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana, junto a las ex subdirectoras Ana María Roldán y Diana María Montoya, y Juan Alberto Cardona, contador y tesorero de los bomberos.
Hasta el momento, dos de los implicados ya han recibido el aval para el principio de oportunidad, mientras que los casos de González y Rúa están pendientes de aprobación judicial. Cadavid, con un extenso recorrido en cargos públicos y vínculos con figuras políticas como Luis Pérez y Daniel Quintero, se perfila como el testigo más valioso debido a su posible conocimiento de las conexiones de la red de corrupción, incluyendo presuntos nexos con la filial de EPM, Afinia.
La Fiscalía deberá evaluar la calidad y relevancia de la información proporcionada por los aspirantes al principio de oportunidad, ya que este beneficio solo se concederá si las declaraciones aportan datos que no sean ya conocidos por la justicia. En caso de no calificar, los acusados podrían optar por un preacuerdo, aceptando cargos a cambio de una reducción de pena y la devolución de los fondos ilícitos. El caso involucra contratos por casi 18.000 millones de pesos, con un peculado tasado en 2.481 millones.
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