La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la división de poderes y advirtió sobre los límites de la función judicial, al revocar un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había reducido penas por considerarlas irrazonables sin declarar la inconstitucionalidad de la ley. El máximo tribunal enfatizó que los jueces no pueden apartarse de la ley vigente por discrepar con su contenido, sino que deben aplicarla dentro de los parámetros establecidos por el Congreso.
El caso se originó en un megajuicio por evasión fiscal en Mendoza, donde 29 personas fueron acusadas de integrar una organización que emitía facturas apócrifas, generando un perjuicio millonario al fisco. En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N 2 de Mendoza condenó a los principales acusados, Pablo Gabriel Prete Licata y Sergio Arturo Delfino, a penas de siete años y seis meses y siete años de prisión, respectivamente.
La Cámara de Casación revisó el caso, absolviendo a algunos imputados y reduciendo las penas de otros, argumentando que los mínimos legales eran desproporcionados. La Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó este criterio, recordando que el delito de asociación ilícita tributaria contempla penas de entre tres años y seis meses y diez años de prisión.
El fallo enfatizó que los jueces no pueden atribuirse el rol de legislador ni crear escalas penales no previstas por la ley, ya que esto implicaría reemplazar la ley por un criterio subjetivo de justicia, lo que es incompatible con el sistema constitucional y contrario a la división de poderes. La Corte subrayó que, para apartarse de una ley, es necesario declararla inconstitucional, una facultad que no le compete a los tribunales ordinarios.
La determinación de la pena es tarea de los jueces, pero siempre dentro de los límites establecidos por el Poder Legislativo, que es el encargado de definir qué conductas son delito y fijar las escalas penales. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
