El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a dos jueces de la Sala Laboral de la Corte de Justicia del Guayas, Jorge Alejandro Lindao y Gina de Lourdes Jácome Veliz, así como al exmagistrado José Daniel Poveda Araus. La medida disciplinaria más severa, contemplada en la Ley Orgánica de la Función Judicial, fue resultado de una declaratoria de error inexcusable emitida por la Corte Constitucional del Ecuador.
La Corte Constitucional detectó una grave vulneración al principio de seguridad jurídica en un caso que involucra a la empresa Carlo Poggi Barbieri S.A. y al Servicio de Rentas Internas (SRI). Los jueces destituidos utilizaron acciones de protección para extinguir deudas del Impuesto a la Renta por 2,5 millones de dólares de 2012 y levantar embargos, a pesar de que el caso ya contaba con sentencias ejecutoriadas.
El dictamen constitucional evidenció una posible coordinación entre abogados y servidores judiciales para desvanecer obligaciones tributarias millonarias. La Corte Constitucional determinó que los jueces incurrieron en un abuso del derecho al fallar sobre cosa juzgada , lo que activó la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura.
Además, la Corte Constitucional anuló los fallos de la Sala Especializada de lo Laboral del Guayas que buscaban obligar al Estado a pagar cuantiosas sumas a privados bajo argumentos de supuestas violaciones de derechos.
En la misma sesión, el Pleno del CJ reveló una omisión administrativa en la Judicatura del Guayas. A pesar de la disposición de la Corte Constitucional en febrero de 2025 de iniciar un sumario disciplinario contra el abogado José Chávez Rivera, patrocinador de las acciones de protección, no se abrió el expediente, lo que provocó la prescripción de la facultad sancionatoria. Se ha ordenado una investigación inmediata contra los servidores judiciales responsables de esta inacción.
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