61 reclusas de alta peligrosidad fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, entre el 7 y el 8 de abril de 2026, como parte de una estrategia gubernamental para reforzar el control en el sistema penitenciario ecuatoriano. La medida, que involucró a internas provenientes de nueve cárceles a nivel nacional, fue anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien destacó que se trata de un grupo con un extenso historial delictivo.
Las reclusas enfrentan condenas por una variedad de delitos graves, incluyendo narcotráfico, sicariato, extorsión, lavado de activos y asesinato. El operativo busca concentrar a las internas consideradas de mayor riesgo en un único centro penitenciario de máxima seguridad, con el objetivo de mejorar la gestión y el control del sistema carcelario.
Entre las mujeres trasladadas a La Roca se encuentran figuras que han captado la atención mediática en el país. Verónica Narcisa Briones Z., vinculada sentimentalmente con alias Fito , es procesada en el caso conocido como Blanqueo Fito . La Fiscalía General del Estado la acusa de participar en una red de lavado de activos que habría movilizado millones de dólares. Su conexión con una figura prominente del crimen organizado subraya la gravedad de los delitos que se investigan.
Otro caso relevante es el de Diana Carolina G., señalada de liderar una red de extorsión en la ciudad de Machala. Las denuncias de comerciantes locales, quienes recibían amenazas a cambio de pagos económicos, llevaron al descubrimiento de esta red, que según las investigaciones policiales, estaría vinculada a estructuras criminales organizadas. La extorsión se ha convertido en un problema creciente en varias ciudades ecuatorianas, y este caso pone de manifiesto los esfuerzos de las autoridades por desmantelar estas redes.
El traslado también incluye a Andreína L. S., quien cumple una condena de 40 años por el asesinato de su propia madre. El crimen, ocurrido en el sector Sauces 9, conmocionó a la nación debido a la brutalidad con la que fue perpetrado. La víctima fue hallada descuartizada y desmembrada en la lavadora de su propia casa, un hecho que generó una gran indignación pública. La condena impuesta a Andreína L. S. refleja la gravedad del delito y la necesidad de garantizar la seguridad de la sociedad.
Simuy L. S., otra de las reclusas trasladadas, cumple una pena de más de 23 años por tentativa de asesinato. El caso está relacionado con un ataque contra Angie Silva, una figura conocida del medio televisivo en Guayaquil. El atentado contra la vida de la comunicadora generó preocupación en el gremio periodístico y puso de manifiesto los riesgos que enfrentan los profesionales de la comunicación en Ecuador.
Las autoridades han explicado que la reubicación de estas reclusas responde a una estrategia integral de control penitenciario. El objetivo principal es concentrar a las internas de alto perfil en un solo centro de máxima seguridad, lo que facilitará la vigilancia, el control de comunicaciones y la prevención de actividades ilícitas dentro de las cárceles. Esta medida se enmarca en un contexto de crisis penitenciaria en Ecuador, donde el control de los centros carcelarios ha sido un desafío constante para el Estado.
La concentración de perfiles de alta peligrosidad es una de las medidas adoptadas para recuperar el control del sistema. Las autoridades buscan evitar que estas reclusas continúen dirigiendo actividades criminales desde el interior de las cárceles, y prevenir posibles ataques contra funcionarios penitenciarios o la población en general. El traslado a La Roca, una cárcel diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos del país, se considera un paso importante en esta dirección.
El sistema penitenciario ecuatoriano ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluyendo hacinamiento, violencia y la presencia de bandas criminales que operan desde el interior de las cárceles. La crisis penitenciaria ha generado preocupación en la sociedad y ha puesto en evidencia la necesidad de implementar reformas estructurales en el sistema carcelario. El traslado de estas reclusas de alto perfil es parte de un esfuerzo más amplio para abordar estos problemas y garantizar la seguridad en las cárceles.
La estrategia del Gobierno busca no solo controlar a las reclusas más peligrosas, sino también desarticular las redes criminales que operan desde el interior de las cárceles. Al concentrar a estas reclusas en un solo centro, las autoridades esperan facilitar las investigaciones y recopilar información que pueda conducir al arresto de otros miembros de estas organizaciones. La lucha contra el crimen organizado es una prioridad para el Gobierno ecuatoriano, y el control del sistema penitenciario es un elemento clave en esta estrategia.
