La defensa del gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez, intentó asegurar su liberación ofreciendo una cuartería en San Manuel, Cortés, con un avalúo inflado de 3.5 millones de lempiras, cuando su valor real de mercado no supera los 300 mil lempiras. El inmueble, ubicado en una zona de baja plusvalía y sin servicios básicos, alberga a cuatro familias y fue objeto de un allanamiento por parte de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y las Fuerzas Armadas, quedando bajo medida de aseguramiento.
El intento de liberación se produjo tras una solicitud de revisión de medidas por parte de la defensa de Velásquez, quien ofreció una caución millonaria. Inicialmente, el juzgado con jurisdicción nacional concedió medidas sustitutivas a la prisión, pero la Fiscalía interpuso de inmediato un recurso de reposición, que finalmente fue aceptado, manteniendo a Velásquez recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara.
La garantía presentada incluía tres bienes inmuebles en Choloma y San Manuel, valorados en un total de 15 millones de lempiras. Sin embargo, las investigaciones revelaron incongruencias significativas en la valoración de los inmuebles, especialmente en el caso de la cuartería en El Porvenir.
Según el informe de un ingeniero presentado por la defensa, la propiedad constaba de cuatro pequeños cuartos, carecía de muros perimetrales y de servicios básicos como aguas negras, a pesar de ser valorada en 3.5 millones de lempiras. Agentes de la Atic y militares allanaron cuatro viviendas, asegurando tres de ellas en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
El monto total de la caución también ha sido objeto de investigación. Inicialmente se indicó que Velásquez había ofrecido alrededor de 25 millones de lempiras, pero la Fiscalía precisó que la cifra real era inferior, de 17 millones de lempiras (15 millones en bienes hipotecarios y dos millones en efectivo). No obstante, solo constan como respaldo los avalúos de las propiedades.
El Ministerio Público ha confirmado que los bienes ofrecidos en garantía están a nombre de la actual pareja de Velásquez y de otras personas, y que han sido sobrevalorados. Además de la cuartería, se allanó otra vivienda de mayor tamaño en El Porvenir, que también quedó bajo el control de la Oabi, aunque sus habitantes podrán continuar residiendo en ella.
Simultáneamente, se allanaron otras dos viviendas en la colonia La Candelaria, en Choloma. Una de ellas, propiedad de Velásquez, y otra perteneciente a un familiar, fueron aseguradas debido a que también formaban parte de la garantía ofrecida.
Las autoridades investigan el origen lícito de estas propiedades, ya que varias de ellas pertenecen a personas cercanas a Velásquez y podrían haber sido adquiridas antes de la captación irregular de dinero a través de Koriun Inversiones. Los propietarios deberán acreditar el origen de los fondos ante el juzgado de privación de dominio.
Jorge Galindo, portavoz de la Atic, confirmó que el operativo de aseguramiento se deriva del proceso de cambio de medidas para Iván Velásquez. Confirmó que las tres casas puestas en la garantía fueron valoradas en 15 millones de lempiras, pero tras los allanamientos se estima que su valor real es mucho menor, debido a su ubicación en zonas de baja plusvalía. Estos bienes fueron sobrevalorados y no cubren la garantía que ellos habían ofertado , declaró Galindo.
Durante la operación, también se recuperó un vehículo que ya tenía medida de aseguramiento desde el año pasado, cuando se realizaron operativos contra Velásquez.
El otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión por parte del juez con jurisdicción nacional también ha motivado una investigación interna en el Poder Judicial sobre las actuaciones del togado en favor de Velásquez. Sin embargo, estas medidas no surtieron efecto debido al recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía, que finalmente revocó la decisión, manteniendo a Velásquez en prisión.
Velásquez permanece recluido desde el 13 de mayo de 2025, tras un proceso en el que las autoridades del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) intervinieron para que devolviera el dinero a miles de personas que invirtieron en Koriun Inversiones, catalogado como un esquema piramidal.
Koriun Inversiones se expandió a varias ciudades del país, incluyendo Copán, Santa Bárbara, Juticalpa, Choluteca y Danlí, donde captó millones de lempiras de hondureños que recibían ganancias semanales del cinco por ciento.
Durante allanamientos realizados en febrero de 2025, se encontraron 358 millones de lempiras en la vivienda de Velásquez y en sus oficinas. Específicamente, se hallaron 125 millones de lempiras en efectivo en su residencia, 51.7 millones en la oficina de Choloma, 62.9 millones en Juticalpa, 58.4 millones en Santa Bárbara, 50.7 millones en Choluteca, ocho millones en La Entrada, Copán, y 1.5 millones en Danlí, El Paraíso.
A pesar de la evidencia de un esquema piramidal, fiscales y jefes de la Atic recibieron órdenes superiores de dejar el dinero en manos de Velásquez para que lo devolviera a los inversionistas. Sin embargo, miles de afectados continúan protestando para que el Estado les devuelva sus inversiones. El Ministerio Público, la Oabi y la CNBS han aclarado que no se quedaron con el dinero encontrado en las oficinas de Koriun.
