Buenos Aires, Argentina El gobierno del presidente Javier Milei ha prohibido el ingreso a la Casa Rosada a periodistas de al menos seis medios de comunicación, en una medida que ha generado fuertes críticas y denuncias de censura. La decisión se tomó días después de la publicación de un escándalo que involucra una supuesta campaña de difamación contra el gobierno, orquestada por Rusia.
Los periodistas afectados descubrieron el bloqueo al intentar cubrir una conferencia de prensa en el edificio gubernamental el lunes 6 de abril. Según informes de la prensa argentina, un policía federal y un guardia de la Casa Militar revisaban los nombres de los reporteros en una lista de llamada a la entrada, impidiendo el acceso a aquellos incluidos en la misma.
El gobierno de Milei confirmó la prohibición en una nota a la prensa argentina, calificándola de medida preventiva . Si bien no se divulgó una lista oficial de los medios vetados, el gobierno afirmó que todos los involucrados en el escándalo de la campaña de difamación fueron excluidos. No se ha establecido un plazo para la restitución de las credenciales de prensa.
El diario La Nación identificó a cinco de los medios de comunicación bloqueados: El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financier.
La controversia surge a raíz de una investigación realizada por un consorcio de medios internacionales, que reveló que Rusia invirtió millones de dólares para difundir noticias falsas y críticas a la gestión de Milei en Argentina durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 2024. Los informes detallan que la campaña de desinformación se centró en exagerar problemas económicos y sembrar dudas sobre las políticas del gobierno.
Según la investigación, una red de espionaje rusa conocida como A Companhia instaló un sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales argentinas para amplificar la desinformación. Se detectaron al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión en más de 20 vehículos digitales, con un costo estimado de 283.000 dólares.
El gobierno de Milei ha calificado los medios involucrados como solo la punta del iceberg de algo mucho mayor y ha prometido llevar el caso hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los responsables. El presidente se manifestó en la red social X, denunciando la gravedad de la espionaje y su impacto en las instituciones argentinas.
Los medios de comunicación implicados han negado haber recibido fondos rusos para publicar las noticias. Argumentan que la mayoría de los artículos críticos fueron ofrecidos por agencias de noticias, consultoras o intermediarios. Sin embargo, dos fuentes admitieron haber recibido pagos para publicar algunos artículos, provenientes de empresarios que expresaban preocupación por las políticas de Milei.
La investigación también reveló que muchos artículos no tenían autor o estaban firmados con nombres inventados, e incluso con fotografías generadas por software. Además, se detectó un intento de provocar una crisis diplomática entre Argentina y Chile a través de una noticia falsa que acusaba a Milei de enviar un grupo de sabotaje para atacar un gasoducto transandino.
La Secretaría de Inteligencia argentina ha afirmado que el caso ya había sido investigado y remitido a la justicia en 2025. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ya había publicado en enero una investigación sobre los mecanismos de desinformación rusa en Argentina.
La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, un aliado del presidente Milei, también ha bloqueado el acceso a periodistas de al menos cuatro medios. El Círculo de Periodistas Parlamentarios denunció la suspensión de sus credenciales. Por su parte, el Senado ha expresado su desacuerdo con la medida adoptada por el gobierno.
La situación ha generado una fuerte polarización en el ámbito político y mediático argentino, con acusaciones de censura y ataques a la libertad de prensa. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión han condenado la decisión del gobierno de Milei y han exigido el restablecimiento del acceso a los medios de comunicación vetados. La controversia continúa generando debate y preocupación sobre el futuro del periodismo y la democracia en Argentina. El gobierno, por su parte, insiste en que la medida es necesaria para proteger la seguridad nacional y combatir la desinformación extranjera.
