A casi dos años de su desaparición, los padres de Loan Danilo Peña solicitaron la intervención directa del presidente Javier Milei y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denunciando un estancamiento en la investigación que consideran beneficioso para los imputados en el caso. María Luisa Noguera y José Mariano Peña enviaron una carta detallada exponiendo su desesperación ante la falta de avances concretos y las presuntas fallas estructurales del sistema judicial en la provincia de Corrientes.
La desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, conmocionó a todo el país. Desde entonces, la búsqueda del niño se ha convertido en un caso mediático, pero la familia denuncia que la atención pública no se ha traducido en una investigación efectiva y ágil. En su carta, los padres de Loan expresan su temor a que la causa se diluya en el tiempo, impidiendo que se llegue a la verdad y se haga justicia.
Es la única instancia capaz de provocar el quiebre de los acusados y obtener la verdad que hoy se nos niega: dónde está Loan y qué hicieron con él , dictó parte del escrito dirigido a las autoridades nacionales. La familia argumenta que la parálisis del expediente judicial está permitiendo que los sospechosos evadan la responsabilidad y que las pruebas se pierdan con el tiempo.
La carta también detalla las dificultades estructurales que enfrenta la justicia correntina. Los padres de Loan señalan la falta de jueces titulares y la proliferación de subrogancias como factores que impiden la conformación de un tribunal estable y eficiente para llevar adelante el proceso. Esta situación, según denuncian, genera demoras innecesarias y dificulta la recolección de pruebas cruciales para la investigación.
La falta de un cronograma judicial claro es otro de los puntos que preocupa a la familia. Argumentan que la incertidumbre sobre los plazos del proceso atenta contra la posibilidad de encontrar a Loan con vida y de asegurar que los responsables sean castigados. En este sentido, enfatizan que el acceso a la justicia en un plazo razonable es un derecho constitucional garantizado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales firmados por Argentina.
Ante esta situación, los padres de Loan formularon tres demandas específicas al gobierno nacional. En primer lugar, solicitaron la designación de los magistrados necesarios para completar el tribunal encargado de la causa. En segundo lugar, pidieron la eliminación de los obstáculos burocráticos que están frenando el avance del expediente. Y, por último, exigieron que se fije una fecha límite de dos meses para el inicio del debate oral, con el objetivo de evitar que la causa prescriba socialmente.
La familia considera que estas medidas son esenciales para garantizar que la investigación se lleve a cabo de manera eficiente y transparente, y para asegurar que se haga justicia en el caso de Loan. Subrayan que la verdad sobre lo sucedido es fundamental para su proceso de duelo y para evitar que otros niños sufran un destino similar.
Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación han emitido una respuesta oficial a la carta de la familia Peña. La falta de una respuesta rápida por parte de las autoridades nacionales ha generado aún más angustia y desesperación en los padres de Loan, quienes temen que su caso quede impune.
La comunidad de Corrientes y gran parte del país esperan con atención una respuesta del gobierno nacional y de la Corte Suprema. La situación de Loan Peña se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y de la necesidad de fortalecer el sistema judicial para proteger los derechos de los niños y garantizar la justicia para las víctimas. La presión social y mediática sobre las autoridades es cada vez mayor, y se espera que esto pueda acelerar los procesos y dar una respuesta a la familia que tanto la necesita.
La causa, aunque en curso, ha enfrentado múltiples obstáculos y demoras, lo que ha alimentado la frustración de la familia y la desconfianza en el sistema judicial. La esperanza de encontrar a Loan con vida disminuye con el paso del tiempo, pero sus padres se aferran a la posibilidad de que se haga justicia y de que los responsables de su desaparición sean castigados. La intervención del presidente Milei y de la Corte Suprema podría ser clave para destrabar el caso y dar una respuesta a la familia que tanto la espera.
