La Paz, Bolivia Más de 55 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red UNITAS, han solicitado formalmente al presidente Rodrigo Paz que observe la Ley 157, que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana, y la remita nuevamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para una revisión exhaustiva. La preocupación central radica en que la norma, según las organizaciones, podría vulnerar la Constitución Política del Estado y generar una reconcentración de la tierra en detrimento de los pequeños productores y pueblos indígenas.
El pronunciamiento público de las organizaciones exige la habilitación de espacios de diálogo plural, informado y democrático que incluyan la participación activa de los pueblos indígena originario campesinos, tanto de tierras altas como bajas, así como de diversos actores de la sociedad civil. Subrayan la necesidad de que este proceso de análisis se base en evidencia técnica sólida, estudios territoriales detallados y un estricto respeto a los principios constitucionales que protegen la propiedad pequeña y prohíben el latifundio.
Las organizaciones advierten que la Ley 157 tiene implicaciones estructurales profundas en el régimen agrario boliviano. Diversos análisis coinciden en que esta norma vulnera varias disposiciones de la Constitución Política del Estado , señalan, haciendo hincapié en la protección de la pequeña propiedad, la prohibición del latifundio y el control estatal sobre la tierra a través de la Función Económico Social (FES). La suspensión de la verificación de la FES, en particular, se considera un debilitamiento sustancial de los mecanismos de control público sobre el uso y la distribución de la tierra.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la falta de un proceso de consulta y socialización adecuado antes de la aprobación de la ley. Las organizaciones argumentan que la norma no ha sido precedida por procesos adecuados de consulta, deliberación pública ni socialización amplia , especialmente con los sectores directamente afectados por la pequeña propiedad agraria. Esta omisión, según denuncian, afecta la legitimidad de la ley y genera desconfianza entre los actores involucrados.
La conversión de la pequeña propiedad en mediana, facilitada por procedimientos simplificados que permiten completar el trámite en tan solo 10 días, es vista como una puerta abierta a la reconcentración de la tierra. Las organizaciones temen que esta medida introduzca a la pequeña propiedad en dinámicas de mercado, endeudamiento y, en última instancia, a la pérdida de la tierra para los pequeños productores. En este contexto, se enfatiza que la ley implica un cambio sustantivo en las bases del régimen agrario, que históricamente ha estado orientado a proteger la tierra como sustento de la vida familiar y comunitaria.
Ante esta situación, las organizaciones no solo solicitan la observación de la ley, sino que también proponen alternativas. Consideran que cualquier modificación del régimen agrario debe concebirse como una política pública integral, y no como ajustes parciales o aislados. En lugar de facilitar la conversión de la pequeña propiedad, sugieren priorizar mecanismos ya existentes para facilitar el acceso al crédito, como las garantías no convencionales dentro del sistema financiero o el fortalecimiento del Banco de Desarrollo Productivo.
El pronunciamiento concluye con un llamado a que las decisiones en materia agraria se adopten en el marco de un proceso deliberativo amplio, que considere los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales vinculados al uso y control de la tierra. Las organizaciones insisten en la necesidad de un enfoque integral que garantice la protección de los derechos de los pequeños productores, los pueblos indígenas y la sostenibilidad del sistema agrario boliviano.
Esta controversia se suma a otras tensiones recientes en el ámbito agrario, como las protestas de campesinos e indígenas contra la Ley 157, la demanda del Defensor del Pueblo por garantías para los defensores de derechos medioambientales, y las denuncias de avasallamientos en territorios indígenas. La situación pone de manifiesto la importancia de un diálogo abierto y transparente entre el gobierno, la sociedad civil y los pueblos indígenas para encontrar soluciones que promuevan un desarrollo agrario justo y sostenible en Bolivia.
La Red UNITAS ha puesto a disposición del público el documento completo con las 56 adhesiones en formato PDF, con el objetivo de fomentar la transparencia y el debate informado sobre esta importante cuestión. La organización, junto con las demás firmantes, se compromete a seguir de cerca la evolución de este tema y a defender los derechos de los pequeños productores y los pueblos indígenas en la búsqueda de un régimen agrario que garantice la seguridad alimentaria, la justicia social y la protección del medio ambiente.
