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Bogotá, Colombia Un patrullero del Escuadrón Móvil Antidisturios (Esmad), Danilo José Núñez Zabaleta, fue sentenciado a 84 meses de prisión, en primera instancia, por su responsabilidad directa en las heridas que sufrió la joven Leidy Natalia Cadena Torre durante las protestas del Paro Nacional el 28 de abril de 2021 en Bogotá. La decisión, tomada por el Juzgado 64 de conocimiento de la capital, establece que existen pruebas suficientes para inferir la culpabilidad del agente en el delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente.
El fallo judicial detalla que el patrullero actuó de manera irresponsable al disparar su arma de dotación contra un grupo de personas que, según las pruebas documentales y testimoniales presentadas, no participaban en los enfrentamientos que se desarrollaban en el marco de las manifestaciones. La jueza del caso enfatizó que el agente no tuvo en cuenta los protocolos establecidos por el propio Esmad para el uso de armas en situaciones de protesta.
La sentencia subraya que Núñez Zabaleta no solo utilizó su arma, sino que lo hizo bajo el desconocimiento de dichas directrices , evidenciando la ausencia de confrontación y un actuar orientado a la lesión de la afectada . Se determinó que el disparo se realizó a corta distancia, lo que agravó la afectación y el daño causado a Leidy Natalia y a las personas que se encontraban cerca.
Leidy Natalia Cadena Torre, la única mujer en el grupo impactado, no tuvo ninguna interacción previa, ni siquiera verbal, con los miembros del Esmad ni con el agresor en particular, según el testimonio de testigos. El impacto del proyectil causó una afectación permanente y estética de su sentido de la visión, con posibles consecuencias en su autopercepción, seguridad en sí misma, y generando miedo y angustia.
La jueza del caso concluyó que el actuar irreflexivo y desapegado de las directrices del patrullero Núñez Zabaleta generó secuelas que acompañarán a la víctima en su vida de manera indefinida, sus condiciones de existencia y la forma de relacionamiento con los demás . La sentencia destaca la gravedad de las consecuencias a largo plazo para Leidy Natalia, más allá de la lesión física.
Además de la pena de prisión, el fallo de primera instancia impone una multa de 24.375 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos. Esta condena representa un precedente importante en la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas del Paro Nacional.
La situación de Leidy Natalia Cadena Torre es particularmente preocupante, ya que se encuentra actualmente en el exilio después de haber recibido múltiples amenazas contra su integridad personal e intimidaciones a su núcleo familiar. Su caso pone de manifiesto la necesidad de proteger a las víctimas de la violencia estatal y garantizar su seguridad.
La condena al patrullero del Esmad es un paso significativo hacia la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las protestas de 2021. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos humanos continúan exigiendo una investigación exhaustiva de todos los casos de violencia policial y la sanción de los responsables.
El fallo judicial también plantea interrogantes sobre la formación y los protocolos de actuación del Esmad, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de la fuerza pública. La prevención de futuros abusos requiere una reforma profunda de las prácticas policiales y una cultura de respeto a los derechos humanos.
La condena de Núñez Zabaleta se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia policial en Colombia y la impunidad de los agentes responsables de violaciones a los derechos humanos. La decisión del Juzgado 64 de conocimiento de Bogotá envía un mensaje claro de que la violencia estatal no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.
El caso de Leidy Natalia Cadena Torre es un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la violencia policial y la importancia de proteger el derecho a la protesta pacífica. La búsqueda de justicia para Leidy Natalia y para todas las víctimas de la violencia estatal debe continuar hasta que se garanticen sus derechos y se les brinde la reparación integral que merecen. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de este caso y espera que las autoridades colombianas tomen todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones cometidas.
