El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este domingo que presentará una demanda de nulidad con medidas cautelares ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspendió las órdenes de captura a 23 miembros de bandas criminales de Medellín. La decisión, según Rendón, fue tomada a solicitud del presidente Gustavo Petro y otorga patente de movilidad a criminales condenados en Medellín, su área metropolitana, Rionegro y Bogotá.
Rendón espera que las medidas cautelares solicitadas permitan la reactivación inmediata de las órdenes de captura, frenando así los beneficios concedidos a estos individuos. El gobernador argumenta que el acto administrativo presenta vicios graves y vulnera la Constitución, especialmente los principios de legalidad, separación de poderes y los derechos de las víctimas al acceso a la justicia.
Es inadmisible, pero muy predecible, que esto ocurra en medio de la contienda electoral y a pesar de los riesgos advertidos al respecto. El país conoce lo que ocurrió cuando dejaron en libertad a Calarcá. Hemos padecido las consecuencias de esa decisión del gobierno Petro y de la fiscal Camargo , manifestó Rendón, haciendo referencia a un caso anterior que generó controversia y críticas al gobierno nacional.
El gobernador cuestionó la posible existencia de información oculta en los computadores incautados a Calarcá, que podría explicar el trato complaciente que este bandido ha recibido por parte del Gobierno nacional. ¿Qué información aún no conoce el país, luego de casi dos años, de los computadores que le incautaron a Calarcá, que explique el trato complaciente que ha recibido este bandido por parte del Gobierno nacional? , se preguntó.
Rendón expresó su confianza en las instituciones colombianas, en la valentía de los jueces y fiscales que honran la ley, y en el trabajo de los soldados y policías que arriesgan sus vidas por la seguridad ciudadana.
La resolución que motivó la demanda se hizo pública el pasado 31 de marzo y levantó las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín que participaron en el denominado tarimazo organizado por el Gobierno nacional en la capital de Antioquia. Entre los beneficiados por esta disposición se encuentran alias Douglas, Pesebre, Tom, Lindofo y otros individuos que desempeñan roles de negociadores dentro de las estructuras criminales.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que las personas cuya suspensión de órdenes de captura se solicitó coinciden con aquellas designadas por el presidente Petro como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, según las Resoluciones de Presidencia 39 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025.
La decisión de la Fiscalía ha generado un fuerte debate en el país, con críticas de sectores políticos y de seguridad que consideran que la medida debilita la lucha contra el crimen organizado y envía un mensaje de impunidad. El gobierno nacional, por su parte, ha defendido la medida como parte de su política de Paz Total , argumentando que es necesaria para avanzar en las negociaciones con los grupos armados y lograr la rendición de sus miembros.
La demanda de nulidad presentada por el gobernador Rendón ante el Consejo de Estado representa un desafío directo a la política de Paz Total del presidente Petro y podría tener importantes implicaciones para el futuro de las negociaciones con las bandas criminales. El Consejo de Estado, como máxima autoridad administrativa del país, deberá analizar la legalidad de la resolución de la Fiscalía y determinar si vulnera los principios constitucionales y los derechos de las víctimas.
El anuncio de Rendón se produce en un momento de alta tensión política en Colombia, a pocos meses de las elecciones regionales y locales. La seguridad ciudadana es uno de los principales temas de preocupación para los ciudadanos, y la decisión de la Fiscalía ha sido utilizada por la oposición para criticar la política de Paz Total del gobierno Petro.
La demanda de nulidad ante el Consejo de Estado podría prolongarse durante varios meses, mientras los abogados de ambas partes presentan sus argumentos y pruebas. El resultado de este proceso judicial tendrá un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado en Colombia y en la implementación de la política de Paz Total del gobierno nacional. La decisión del Consejo de Estado será crucial para determinar si la suspensión de las órdenes de captura a miembros de bandas criminales es compatible con la Constitución y el Estado de Derecho.
