El gobierno de José Antonio Kast ha comenzado a implementar su plan de ajuste fiscal, solicitando a los ministerios y servicios recortes por un 3% del presupuesto, equivalentes a US$3.000 millones en una primera etapa, con una segunda fase de US$3.000 millones adicional al presentar la ley de Presupuestos 2027. Sin embargo, un análisis previo realizado por la administración de Gabriel Boric revela importantes obstáculos para alcanzar estas metas.
Un oficio de la ex Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por Javiera Martínez, enviado al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en respuesta a un informe sobre el incumplimiento de las metas fiscales, detalla la rigidez del gasto público. El 92% del presupuesto de 2025 está comprometido por ley, administración del orden público, justicia o inversión pública, lo que dificulta ajustes sustanciales.
El análisis de la Dipres identifica que el 45% del gasto corresponde a Beneficios Sociales y Prestaciones Legales, seguido por Salud y Educación con un 17% combinado. Los 50 programas con mayor gasto fiscal representan el 40% del presupuesto total de 2025, siendo la Pensión Garantizada Universal (PGU) el programa más costoso, con un desembolso de $5.482.285 millones. Le siguen la Subvención Escolar Regular y otras subvenciones escolares.
La Dipres argumenta que el CFA subestimó las limitaciones para realizar un ajuste de gasto de US$6.948 millones en un solo año, sin cambios legislativos o afectando la continuidad de los servicios públicos. Señala que la fragmentación de la oferta programática, con 60 programas ejecutando el 88% del gasto, también complica la tarea. El análisis busca contextualizar las dificultades para cumplir con las metas fiscales, considerando las obligaciones legales y la estructura del gasto público.
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