La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que la cifra de personas fallecidas en cárceles salvadoreñas, tras ser detenidas bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, ha ascendido a 512. La SJH exige al gobierno libertad, justicia y reparación para los miles de detenidos injustificadamente, calificando la situación como crímenes de lesa humanidad.
A través de sus redes sociales, la organización argumenta que El Salvador ha incurrido en delitos tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo asesinato, encarcelación ilegal, tortura, persecución política, desaparición forzada y traslado forzoso de poblaciones refiriéndose específicamente al caso de ciudadanos venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La SJH señala que las muertes se han concentrado en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 90.000 detenidos bajo el régimen de excepción, la gran mayoría sin condena formal. Un dato alarmante revelado por la organización es que el 94% de los fallecidos no tenían antecedentes de pertenencia a pandillas.
La organización advierte que el número total de muertes bajo custodia del Estado podría superar las 2.000. La principal causa de muerte reportada es la violencia física, responsable de aproximadamente el 32% de los casos. El 31,8% de los fallecimientos se clasifican como muertes violentas , mientras que un 31,6% se atribuyen a la falta de atención médica para enfermedades preexistentes o adquiridas durante la detención.
La SJH responsabiliza directamente a las autoridades salvadoreñas por estos delitos, estableciendo una cadena de responsables que abarca desde el presidente Bukele hasta cada funcionario que, presuntamente, negó atención médica o permitió homicidios agravados. La organización enfatiza que las víctimas son personas inocentes, privadas de un juicio justo, y exige justicia y reparación integral.
Aunque mientan diciendo que es normal , no lo es. Exigimos justicia y reparación. Corrijan, investiguen y reparen a las víctimas , declaró la SJH en su comunicado.
Diversas organizaciones humanitarias han documentado al menos 6.889 denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con el régimen de excepción. El 98% de estas denuncias se refieren a detenciones arbitrarias, y el 75% señalan la responsabilidad de agentes de la Policía Nacional Civil.
La implementación del régimen de excepción en El Salvador, en respuesta a un aumento de la violencia atribuida a las pandillas, ha sido objeto de controversia y críticas internacionales. Si bien el gobierno de Bukele ha defendido la medida como necesaria para restablecer el orden público y reducir la criminalidad, las organizaciones de derechos humanos argumentan que ha resultado en graves violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La construcción del CECOT, una mega-cárcel con capacidad para albergar a 40.000 reclusos, ha sido un símbolo de la política de mano dura del gobierno de Bukele. Sin embargo, las condiciones de vida en la prisión, incluyendo el hacinamiento, la falta de acceso a atención médica adecuada y las denuncias de maltrato, han generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos.
La denuncia de la SJH se suma a un creciente número de informes que documentan abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación por la falta de garantías procesales, las detenciones masivas sin orden judicial y las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La situación en El Salvador plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en el país. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y exige una investigación exhaustiva e independiente de las denuncias de violaciones de derechos humanos, así como la rendición de cuentas de los responsables. La creciente cifra de muertes en las cárceles salvadoreñas y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad exigen una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades salvadoreñas y la comunidad internacional.
