La cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, se elevó al menos a 512, según informó este viernes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La organización ha estado documentando las muertes desde el inicio de la medida, que fue implementada en respuesta al aumento de la violencia atribuida a las pandillas.
El régimen de excepción ha resultado en la detención masiva de presuntos miembros de pandillas, con el objetivo declarado de combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, SJH ha expresado su preocupación por las condiciones dentro de las cárceles salvadoreñas y la falta de transparencia en las investigaciones sobre las muertes. La organización ha denunciado informes de hacinamiento, falta de atención médica adecuada y posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
SJH ha confirmado un total de 512 víctimas mortales durante la vigencia del régimen de excepción. La organización continúa recopilando información y advierte que la cifra real podría ser aún mayor, ya que el acceso a las cárceles es limitado y la información proporcionada por las autoridades es escasa.
La implementación del régimen de excepción ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que viola las garantías procesales y el debido proceso. Han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de maltrato a los detenidos. El gobierno salvadoreño ha defendido la medida, argumentando que es necesaria para proteger a la población de la violencia de las pandillas.
La situación en las cárceles salvadoreñas ha generado preocupación a nivel internacional. Diversas organizaciones y gobiernos han instado a las autoridades salvadoreñas a garantizar el respeto de los derechos humanos de los detenidos y a investigar de manera independiente las muertes ocurridas en las cárceles.
El gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado una política de mano dura contra las pandillas, que ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en el país. Sin embargo, esta política también ha sido criticada por su costo en términos de derechos humanos y debido proceso.
SJH ha reiterado su llamado a las autoridades salvadoreñas para que permitan el acceso a las cárceles a observadores independientes y para que investiguen de manera exhaustiva las muertes ocurridas bajo el régimen de excepción. La organización también ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a la situación en El Salvador y a ejercer presión sobre el gobierno para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos.
La organización ha documentado casos de personas que han muerto en prisión debido a enfermedades no tratadas, lesiones sufridas durante enfrentamientos entre pandillas y presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad. En algunos casos, las familias de las víctimas no han recibido información sobre las causas de la muerte de sus seres queridos.
El régimen de excepción ha sido prorrogado en repetidas ocasiones por el Congreso salvadoreño, lo que ha permitido al gobierno mantener las medidas de mano dura contra las pandillas. La oposición ha criticado las prórrogas, argumentando que son innecesarias y que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La situación en las cárceles salvadoreñas es un reflejo de la compleja situación de violencia y criminalidad que enfrenta El Salvador. El gobierno ha prometido seguir combatiendo las pandillas con firmeza, pero también ha reconocido la necesidad de abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
SJH continuará monitoreando la situación en las cárceles salvadoreñas y denunciando las violaciones de derechos humanos que se cometan. La organización espera que sus informes contribuyan a generar conciencia sobre la situación y a promover el respeto de los derechos humanos en El Salvador. La organización insta a la comunidad internacional a seguir apoyando sus esfuerzos y a exigir a las autoridades salvadoreñas que rindan cuentas por las muertes ocurridas en las cárceles.
