Tres manifestantes cubanos, liberados previamente bajo beneficios penitenciarios tras las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, fueron citados por la Seguridad del Estado este viernes. Joel Díaz Hernández, Omar Hernández Calzadilla y Miguel Díaz fueron convocados tras publicar en redes sociales una imagen exigiendo la liberación de otro manifestante aún encarcelado. La citación se produce en un clima de creciente presión sobre los participantes en las protestas de 2021 y después de la reciente revocación del beneficio penitenciario de Denis Hernández Ramírez, también vinculado a las manifestaciones.
Según declaraciones a Martí Noticias, Joel Díaz Sosa relató que fue advertido explícitamente sobre las consecuencias de continuar publicando contenido crítico en redes sociales o de mantener contacto con personas disidentes. Nos hicieron una alta advertencia que no podíamos publicar nada en las redes si publicamos algo me iban a revocar con una nueva causa , afirmó Díaz Sosa. Añadió que fue obligado a firmar un documento al finalizar el interrogatorio y que ahora enfrenta la amenaza de ser nuevamente encarcelado.
Joel Díaz Hernández corroboró la versión de Díaz Sosa, describiendo varias horas de interrogatorio en las instalaciones de la Seguridad del Estado. Hernández también denunció haber sido objeto de presiones similares. Nos amenazaron de que si volvíamos a publicar algo en las redes sociales, nos iban a revocar y hasta a encausarnos , declaró. Tanto Díaz Hernández como Díaz Sosa fueron puestos en libertad bajo beneficios penitenciarios, un mecanismo que, según organizaciones independientes, puede ser revocado a discreción de las autoridades cubanas.
La citación de estos tres manifestantes coincide con el inicio de las excarcelaciones derivadas del indulto anunciado por el gobierno cubano a 2.010 reclusos. Sin embargo, hasta el momento, este indulto no ha beneficiado a presos políticos, generando críticas y escepticismo entre activistas y organizaciones de derechos humanos. La liberación de los 2.010 reclusos fue anunciada como un gesto de buena voluntad, pero la persistencia de la represión contra los manifestantes del 11J y la exclusión de los presos políticos del indulto sugieren una estrategia selectiva por parte del gobierno cubano.
El caso de estos tres manifestantes pone de manifiesto las limitaciones de los beneficios penitenciarios en Cuba y la vulnerabilidad de aquellos que han sido liberados bajo estas condiciones. La revocación de estos beneficios, como se ha visto con Denis Hernández Ramírez, puede ocurrir en cualquier momento y sin una justificación clara, dejando a los excarcelados en una situación de incertidumbre constante.
Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron las manifestaciones más grandes contra el gobierno cubano en décadas. Miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades del país para expresar su descontento con la escasez de alimentos, la falta de libertades y la crisis económica. La respuesta del gobierno fue contundente, con cientos de manifestantes arrestados y condenados a largas penas de prisión.
La comunidad internacional ha condenado la represión contra los manifestantes del 11J y ha pedido la liberación de todos los presos políticos en Cuba. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de tortura, malos tratos y juicios injustos contra los manifestantes.
El gobierno cubano ha defendido sus acciones argumentando que las protestas fueron instigadas por fuerzas externas y que los manifestantes fueron acusados de delitos como sedición y desorden público. Sin embargo, estas acusaciones han sido rechazadas por activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que los manifestantes fueron criminalizados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
La citación de Joel Díaz Hernández, Omar Hernández Calzadilla y Miguel Díaz es un claro ejemplo de la persistente represión contra la disidencia en Cuba. A pesar del indulto parcial anunciado por el gobierno, las autoridades continúan utilizando tácticas de intimidación y control para silenciar a los críticos y reprimir cualquier forma de oposición. La vigilancia de las redes sociales y las amenazas de revocación de los beneficios penitenciarios son herramientas utilizadas para coaccionar a los manifestantes y evitar que expresen sus opiniones.
La situación de los presos políticos y los manifestantes del 11J en Cuba sigue siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional. La falta de transparencia en los procesos judiciales, la ausencia de garantías procesales y la persistencia de la represión son obstáculos para el respeto de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática en Cuba. El caso de estos tres manifestantes citados por la Seguridad del Estado subraya la necesidad de una mayor presión internacional sobre el gobierno cubano para que respete los derechos humanos y libere a todos los presos políticos.
