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Créditos millonarios a funcionarios y legisladores oficialistas bajo investigación

Créditos millonarios a funcionarios y legisladores oficialistas bajo investigación
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La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal solicitando una investigación sobre el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco de la Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo. La denuncia surge tras la difusión de información sobre créditos que oscilan entre los 100 y 500 millones de pesos otorgados a figuras como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Nuñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, y los diputados Mario Campero, Lorena Villaverde, Alejandro Carrancio y Alejandro Bongiovanni.

En su presentación ante la Justicia, Frade argumenta que los créditos podrían ser fruto de actividades irregulares e incluso delictivas, solicitando el acceso a los legajos crediticios completos de los beneficiarios, las actas de directorio que aprobaron las operaciones y un análisis pericial para determinar si hubo perjuicios económicos para el Banco Nación. La denuncia también busca establecer si existieron condiciones preferenciales en las tasas, plazos o condiciones de los créditos, así como cualquier violación a los procedimientos internos del banco o relaciones jerárquicas entre otorgantes y beneficiarios.

Algunos de los legisladores mencionados, como Campero y Bongiovanni, rechazaron las acusaciones, afirmando que cumplieron con los requisitos para acceder a los préstamos y que no recibieron ningún trato preferencial. Campero, en particular, calificó la denuncia de maliciosa y explicó que se trata de una línea hipotecaria en UVAs accesible a cualquier ciudadano argentino que califique. Bongiovanni, por su parte, argumentó que las condiciones del crédito eran las mismas para todos los empleados del banco.

La denuncia de Frade busca esclarecer si el otorgamiento de estos créditos se realizó de manera transparente y conforme a la ley, o si existió algún tipo de irregularidad o conflicto de intereses. La investigación podría arrojar luz sobre las prácticas crediticias del Banco de la Nación y la posible influencia de funcionarios y legisladores en la asignación de recursos públicos.

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