Tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato-ley entre Panamá y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, el gobierno ha implementado medidas transitorias para garantizar la continuidad operativa mientras define el futuro de la administración portuaria. La decisión, oficializada en la Gaceta Oficial el 23 de febrero, abre la posibilidad de que el Estado asuma directamente la gestión o se liciten nuevas concesiones.
La empresa propietaria de PPC, Hutchison Ports, ha reaccionado con fuertes críticas, calificando el fallo como carente de fundamento jurídico y amenazando con iniciar arbitrajes internacionales, siguiendo un patrón similar al empleado por Minera Panamá, otra empresa con concesiones previamente declaradas inconstitucionales. Esta actitud ha sido interpretada como un intento de chantaje y extorsión.
El gobierno ha condenado la postura de PPC, acatando el fallo y tomando control inmediato de los puertos. Sin embargo, la respuesta ante Minera Panamá ha sido diferente, manteniendo conversaciones sobre la posible reapertura de la mina y permitiendo la venta del concentrado mineral extraído previamente, sin el pago total correspondiente al Estado. Esta disparidad en el trato ha generado cuestionamientos sobre la seguridad jurídica para la inversión extranjera.
La Autoridad Marítima de Panamá debe detallar el plan de transición para la gestión de los puertos. La Asamblea Nacional, encargada de fiscalizar la administración pública, ha sido criticada por negarse a citar al administrador de la Autoridad Marítima.
Se plantea la necesidad de una nueva Constitución, producto de un proceso constituyente participativo, que proteja a la nación del abuso de poder y establezca mecanismos vinculantes de participación ciudadana en la concesión de recursos y la toma de decisiones gubernamentales. La falta de sanciones penales para quienes negociaron y aprobaron los contratos-ley considerados inconstitucionales también es un punto crítico.
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