Un análisis profundo revela que la política panameña ha estado marcada por una alternancia entre la plutocracia y el patrimonialismo, una realidad que a menudo se disfraza de éxito empresarial. La confusión entre el empresario que genera empleo y aquel que se enriquece a través de un cargo público, sin ética, afecta la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en el país.
El concepto de patrimonialismo, según Max Weber, describe una forma de poder donde el Estado se confunde con la esfera privada del gobernante, gestionando los recursos públicos como bienes personales. Esta práctica ha evolucionado hacia el neopatrimonialismo, donde instituciones formales coexisten con redes informales de patronazgo, concentrando el poder en figuras personalistas y aplicando las normas de manera selectiva.
Desde una perspectiva de justicia, Michael Walzer advierte sobre la colonización de las esferas sociales, especialmente cuando el poder político se utiliza para obtener beneficios económicos. Esta distorsión separa al empresario innovador de aquel que utiliza su cargo para enriquecerse, vaciando la función pública de su propósito.
La informalidad, en este contexto, no es un defecto, sino una estrategia para reforzar el poder a través de la opacidad y la discrecionalidad. Francis Fukuyama señala que el crecimiento económico no garantiza la superación de estas prácticas, ya que las estructuras de poder pueden ser capturadas por élites, especialmente si los mecanismos de control no evolucionan al mismo ritmo.
Panamá, con sus ventajas estratégicas, es particularmente vulnerable a la instrumentalización de decisiones sobre infraestructura y concesiones. Los recientes conflictos relacionados con concesiones y procesos judiciales por enriquecimiento ilícito evidencian la fragilidad de la transparencia cuando las reglas se aplican selectivamente.
Para romper estas dinámicas, es crucial separar lo público de lo privado, profesionalizar la administración, fortalecer los órganos de control y garantizar una transparencia efectiva. Comprender el patrimonialismo es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y asegurar un desarrollo inclusivo y sostenible. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
