El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves un nuevo estado de excepción de 60 días en nueve provincias y cuatro municipios, en un intento por contener la creciente ola de violencia generada por el crimen organizado. La medida, que abarca a las principales ciudades de Quito y Guayaquil, suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo a la Policía y las Fuerzas Armadas operar sin necesidad de autorización judicial previa e interceptar comunicaciones.
El decreto se emitió justo antes del inicio de los festivos de Semana Santa, un período de alta movilidad para los ecuatorianos, lo que añade una capa de complejidad a la situación. Las provincias incluidas en el estado de excepción se concentran principalmente en la costa del país, zona donde operan las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, con el objetivo de enviar cocaína producida en Colombia hacia Europa y Estados Unidos.
Entre las provincias afectadas se encuentran Esmeraldas y El Oro, que comparten frontera con Colombia y Perú, respectivamente. También se incluyen Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. A estas se suman Pichincha, donde se ubica la capital Quito, y Sucumbíos, en la región amazónica y también fronteriza con Colombia. En Sucumbíos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han realizado recientemente operaciones militares en colaboración con Estados Unidos, dirigidas contra campamentos de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desde que Noboa declaró la guerra al crimen organizado en 2024, ha decretado varios estados de excepción de diferente alcance, llegando a cubrir en ocasiones todo el territorio nacional. El estado de excepción anterior incluso incluyó un toque de queda nocturno de 15 días en cuatro provincias, incluyendo Guayas.
A pesar de estas medidas, la violencia en Ecuador ha seguido escalando, situando al país a la cabeza de Latinoamérica en tasas de homicidios, con más de 50 por cada 100.000 habitantes en 2025. La suspensión de derechos fundamentales, aunque justificada por el gobierno como necesaria para combatir el crimen, genera preocupación en cuanto a las libertades civiles y el debido proceso.
El despliegue de las Fuerzas Armadas se realizará en coordinación con la Policía, y se espera que se concentre en las zonas más afectadas por la actividad criminal. El objetivo principal es desarticular las organizaciones criminales y recuperar el control de las calles. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia a largo plazo sigue siendo incierta, dado el poder y la capacidad de adaptación de estas organizaciones.
La situación en Ecuador refleja la creciente influencia del crimen organizado en la región, y la dificultad de los gobiernos para hacer frente a este fenómeno. El narcotráfico, en particular, ha exacerbado la violencia y la corrupción, socavando las instituciones estatales y generando un clima de inseguridad generalizada.
El nuevo estado de excepción es una medida drástica que busca responder a una crisis de seguridad cada vez más grave. Sin embargo, es fundamental que se implemente con respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, y que se acompañe de políticas integrales que aborden las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Ecuador, y ha ofrecido su apoyo para ayudar al país a combatir el crimen organizado. La colaboración regional y la cooperación con otros países son esenciales para enfrentar este desafío de manera efectiva.
El decreto presidencial establece que las Fuerzas Armadas y la Policía podrán realizar allanamientos sin orden judicial, interceptar comunicaciones privadas y restringir la libertad de movimiento en las zonas afectadas. Estas medidas, aunque controvertidas, son consideradas necesarias por el gobierno para neutralizar la amenaza del crimen organizado.
La respuesta de la población a este nuevo estado de excepción es mixta. Algunos ciudadanos apoyan la medida, argumentando que es necesaria para restaurar la seguridad y el orden. Otros, sin embargo, expresan su preocupación por la posible violación de sus derechos fundamentales y la militarización de la sociedad.
El gobierno ecuatoriano ha reiterado su compromiso de combatir el crimen organizado con todos los medios a su alcance, y ha advertido que no tolerará ninguna forma de violencia ni intimidación. Sin embargo, también ha reconocido que la solución a este problema requiere de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad.
La crisis de seguridad en Ecuador es un desafío complejo que exige una respuesta integral y sostenible. El nuevo estado de excepción es solo una medida temporal que busca contener la violencia a corto plazo. Para lograr una solución duradera, es necesario abordar las causas profundas del problema y fortalecer las instituciones estatales.
