La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, corrigió públicamente una declaración errónea realizada durante una vocería en el Palacio de La Moneda con respecto al caso de Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. Inicialmente, la ministra había afirmado que el exfrentista había sido condenado por este crimen, lo cual resultó ser incorrecto, ya que no existe una sentencia judicial en su contra.
La rectificación se produjo a través de la cuenta oficial de la ministra en la red social X, donde Sedini precisó: Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales . Esta aclaración llegó tras las críticas y cuestionamientos suscitados por su afirmación inicial.
El error en la declaración de la ministra Sedini generó diversas reacciones en el ámbito político y jurídico. Una de las voces que se pronunció al respecto fue la del exministro de Justicia del gobierno del presidente Gabriel Boric, Luis Cordero. Cordero advirtió que una afirmación incorrecta sobre el estado legal de Apablaza podría afectar la estrategia judicial que el Estado chileno está llevando a cabo para lograr su extradición y posterior juicio en tribunales nacionales.
Según explicó Cordero, la posición de Chile se centra en la búsqueda de la extradición de Apablaza para que pueda enfrentar un juicio justo y transparente en el país. La afirmación errónea de la ministra podría complicar este proceso, al generar dudas sobre la información que maneja el gobierno y su compromiso con el debido proceso legal.
Tras realizar la rectificación, la ministra Sedini también hizo un llamado a evitar que el debate político desvíe la atención del caso y se centre en la importancia de que Apablaza regrese a Chile para enfrentar la justicia. Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley , declaró la ministra en su publicación en X.
El caso de Galvarino Apablaza es uno de los más emblemáticos de la historia reciente de Chile. El senador Jaime Guzmán, figura clave de la derecha chilena y uno de los arquitectos de la Constitución de 1980, fue asesinado a tiros en abril de 1991. Apablaza, en ese entonces militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ha sido señalado como el autor intelectual del crimen, aunque siempre ha negado su participación directa.
Desde el asesinato, Apablaza ha permanecido prófugo de la justicia, viviendo en diferentes países bajo identidades falsas. En 2018, fue detenido en Brasil, pero logró evadir la extradición a Chile. Actualmente, su paradero es desconocido, aunque se presume que se encuentra en algún país de América Latina.
La búsqueda de Apablaza y su eventual juicio se han convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política en Chile. La rectificación de la ministra Sedini, aunque tardía, demuestra el compromiso del gobierno con la transparencia y el debido proceso legal en este caso.
La declaración inicial de la ministra Sedini, aunque producto de un error, reabrió el debate sobre la necesidad de avanzar en la investigación y persecución de los responsables de crímenes cometidos durante el período de la dictadura militar y en los años posteriores. Para muchos, el caso de Apablaza representa una herida abierta en la sociedad chilena y su resolución es fundamental para avanzar hacia la reconciliación y la construcción de un futuro más justo y democrático.
El gobierno chileno, a través de la ministra Sedini, ha reafirmado su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Guzmán, y ha reiterado su solicitud de cooperación internacional para lograr la captura y extradición de Galvarino Apablaza. La ministra enfatizó que el Estado chileno continuará trabajando incansablemente para que Apablaza sea juzgado por sus presuntos crímenes y se le aplique todo el rigor de la ley.
La situación de Apablaza también plantea interrogantes sobre la efectividad de la justicia chilena para perseguir y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos en el pasado. Algunos sectores de la sociedad han criticado la lentitud de los procesos judiciales y la falta de recursos para investigar estos casos, lo que ha permitido que muchos responsables queden impunes.
En este contexto, la rectificación de la ministra Sedini y su llamado a evitar el aprovechamiento político del caso Apablaza son un mensaje claro de que el gobierno está dispuesto a asumir sus responsabilidades y a trabajar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar que todos los responsables de crímenes cometidos en el pasado sean llevados ante la justicia y que las víctimas puedan obtener la reparación que merecen.
