La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, rectificó sus declaraciones previas sobre la situación legal de Galvarino Apablaza, acusado por su presunta autoría intelectual en el asesinato del exsenador UDI Jaime Guzmán. Inicialmente, Sedini había afirmado que Apablaza estaba condenado por el crimen, cuando en realidad solo figura como acusado. La corrección se realizó a través de su cuenta en la red social X, donde también acusó un intento de "aprovechamiento político" por las críticas recibidas.
La polémica se desató el miércoles, día en que se conmemoraban 35 años del asesinato de Guzmán, cuando Sedini aseguró en una vocería oficial que el exfrentista había sido condenado judicialmente. Esta afirmación resultó ser incorrecta, ya que Apablaza no ha sido sometido a juicio ni ha recibido una condena en Chile, sino que únicamente se le acusa de ser el autor intelectual del crimen.
Apablaza se encuentra actualmente en Argentina, donde obtuvo el estatus de refugiado político en 2010. Sin embargo, en febrero de este año, la justicia argentina revocó este beneficio, abriendo la posibilidad a su extradición a Chile. El miércoles, la policía argentina se presentó en el domicilio de Apablaza para detenerlo, pero no lo encontró, y su paradero actual es desconocido.
La situación ha generado tensiones políticas en Chile. La directiva de la UDI se reunió de urgencia con el Presidente José Antonio Kast para expresar su molestia por la fuga de Apablaza, calificándola como un "bochorno". En respuesta, Sedini publicó en su cuenta de X: "Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales".
La ministra añadió: "Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley".
Los dichos iniciales de Sedini fueron ampliamente criticados en el ámbito político. El exministro Luis Cordero advirtió que podrían generar tensiones con la justicia argentina y solicitó una rectificación. Dentro de la UDI, se ha expresado preocupación por la falta de precisión e incluso desinformación provocada por la vocería de Sedini.
A pesar de las críticas, la diputada gremialista Flor Weisse adoptó un tono conciliador, aunque firme: "El Gobierno hoy tiene mucho que decir, mucho que informar y mucho que comunicar, y debe hacerlo de la manera adecuada. Nosotros estamos disponibles para apoyar, para colaborar en que la ministra vocera de Gobierno pueda comunicar y hacerlo bien. Me parece que todos tenemos derecho a una oportunidad".
Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó minimizar la polémica y reafirmar la coordinación del gobierno en torno al objetivo de que Apablaza enfrente la justicia chilena. "Somos un equipo y no podemos perder el foco. El fondo es que Galvarino Apablaza enfrente la justicia chilena y en eso estamos muy coordinados con el Gobierno argentino", aseguró Pavez, quien también anticipó que se esperan "noticias pronto" sobre el paradero del exfrentista.
La corrección de Sedini y sus acusaciones de "aprovechamiento político" sugieren una estrategia del gobierno para desviar la atención de la controversia generada por su error inicial y enfocarse en la necesidad de que Apablaza sea juzgado en Chile. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada, tanto por las implicaciones legales de la fuga de Apablaza como por las tensiones políticas internas que ha provocado.
La UDI ha insistido en la importancia de la colaboración entre Chile y Argentina para asegurar la captura y extradición de Apablaza. El partido considera que la justicia chilena debe tener la oportunidad de juzgarlo por el asesinato de Guzmán, un crimen que marcó un hito en la historia política del país.
El gobierno argentino, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades chilenas en la investigación y captura de Apablaza. Sin embargo, el proceso de extradición podría ser complejo y prolongado, debido a las consideraciones legales y políticas involucradas.
La fuga de Apablaza ha reabierto viejas heridas en la sociedad chilena y ha generado un debate sobre la impunidad y la justicia transicional. Algunos sectores de la sociedad han cuestionado la lentitud de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, mientras que otros han defendido el derecho a la defensa y el debido proceso.
En este contexto, la rectificación de Sedini y sus acusaciones de "aprovechamiento político" han sido interpretadas como un intento del gobierno por controlar la narrativa y evitar que la controversia se extienda. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil y podría tener consecuencias políticas significativas en el futuro. La búsqueda de Apablaza continúa, y el gobierno chileno espera que pueda ser capturado y extraditado a Chile para enfrentar la justicia por el asesinato de Jaime Guzmán.
