El juez federal Adrián González Charvay acumula una nueva investigación por corrupción contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), esta vez relacionada con el manejo de fondos en el exterior a través de la empresa TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. La causa, que era tramitada por el juez Luis Armella de Lomas de Zamora, fue remitida a Campana tras una decisión judicial que le otorga competencia a González Charvay en este tipo de investigaciones.
Armella aceptó el planteo de la defensa y se declaró incompetente para continuar con el tramo de la causa que involucra a TourProdEnter LLC, aunque mantendrá la investigación contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Vallejo fue citado a indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero.
Con esta nueva causa, González Charvay ya tiene tres investigaciones en curso contra la AFA. La primera se refiere a la lujosa mansión de Pilar, valuada en 105 mil metros cuadrados, que se atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Las otras dos investigaciones también están vinculadas a TourProdEnter LLC.
Originalmente, existían tres expedientes distintos relacionados con la empresa de Faroni y Gillette en diferentes juzgados. El juez de Campana los reclamó basándose en una resolución de la Cámara Federal que le había otorgado la competencia para tramitarlos. Así, solicitó formalmente que los expedientes fueran transferidos desde los juzgados de Armella y de la jueza de instrucción Paula Petazzi.
Petazzi fue la primera en enviar su causa a Campana. La magistrada tenía una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien solicitaba una investigación por presunta administración fraudulenta en la AFA. Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina, denunció en diciembre pasado que TourProdEnter LLC habría desviado fondos a empresas fantasmas.
La decisión de Armella se suma a este entramado judicial. El juez y la fiscal Cecilia Incardona habían comenzado a investigar a TourProdEnter LLC en el marco de la causa contra Vallejo, debido a sus vínculos con el financiamiento y patrocinio de varios clubes de fútbol. Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, las sedes de la AFA, 18 clubes de fútbol y la residencia de Faroni.
Para avanzar en la investigación sobre TourProdEnter LLC, la Fiscalía de Lomas de Zamora había solicitado información a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a otros organismos relevantes. Sin embargo, estas solicitudes de información nunca fueron respondidas. También se había solicitado información sobre Real Central, la empresa que adquirió la mansión de Pilar.
A pesar de las sucesivas decisiones de enviar las causas al juzgado de Campana, la disputa sobre la competencia para investigar estos casos sigue abierta. La resolución final recaerá en la Cámara Federal de Casación Penal.
En este contexto, la Sala IV de Casación debe resolver planteos para que se tramiten en conjunto dos causas relacionadas con Sur Finanzas. Una de ellas es la causa en la que Vallejo fue citado a indagatoria, y la otra se refiere a una denuncia presentada por ARCA contra la empresa por evasión fiscal. La Cámara Federal de La Plata había resuelto que estas causas debían tramitar por separado, lo que fue apelado por la Fiscalía.
Además, Casación también deberá determinar dónde se investiga la causa por la mansión de Pilar. La disputa se centra entre González Charvay y el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien había tenido la causa hasta que fue transferida a Campana.
El fiscal Mario Villar, en su presentación ante Casación, solicitó que el expediente sea retirado de Campana, argumentando que el inicio del trámite fue irregular, basado en un correo electrónico. Villar considera que, en rigor, la causa debería estar a cargo del juez Daniel Rafecas, quien fue el primero en tramitarla y quien había ordenado un allanamiento en diciembre pasado.
La acumulación de investigaciones y las disputas judiciales ponen en el centro de la escena a la AFA y a su gestión financiera, generando incertidumbre sobre el futuro de estas causas y las posibles consecuencias para los involucrados. La complejidad del entramado judicial y la falta de respuestas a las solicitudes de información por parte de organismos clave complican aún más el proceso de investigación.
