Tras más de un mes de conflicto, Israel enfrenta crecientes repercusiones económicas y una presión sin precedentes sobre su mercado laboral y finanzas públicas. La situación interna se ha deteriorado notablemente, evidenciando los costos reales de la guerra en curso.
Según informes recientes, aproximadamente 4,800 israelíes han sido forzados a evacuar sus hogares desde el inicio de las hostilidades. De este total, 1,515 provienen de Tel Aviv y 975 de Dimona, lo que subraya la amplia dispersión geográfica del impacto del conflicto. La magnitud de los daños materiales es considerable, con más de 21,000 reclamaciones de indemnización ya presentadas. Tel Aviv concentra la mayor parte de estas reclamaciones, representando el 43 por ciento del total, seguido de Ascalón con un 39 por ciento.
Los daños reportados incluyen edificios, propiedades y vehículos, resultado directo de los ataques con drones y misiles perpetrados por Irán y el grupo libanés Hezbolá. Esta destrucción física se traduce en pérdidas económicas significativas y plantea desafíos importantes para la reconstrucción una vez que cese el conflicto.
En el ámbito financiero, la guerra está ejerciendo una presión considerable sobre el presupuesto general del Estado. El Banco de Israel ha pronosticado que la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) aumentará hasta el 70 por ciento en 2026. Este incremento en la deuda pública implicará un aumento en el costo del servicio de la deuda, lo que limitará la capacidad del gobierno para invertir en otras áreas cruciales como educación, salud e infraestructura.
El Ministerio de Finanzas estima que el costo total de la guerra ascenderá a unos 50 mil millones de séqueles, equivalentes a aproximadamente 15,8 mil millones de dólares. Esta cifra abarca los gastos militares directos, las pérdidas de producción derivadas de la ausencia de trabajadores y los daños a la propiedad y la infraestructura. La magnitud de este costo pone de manifiesto la carga económica que el conflicto está imponiendo al país.
El mercado laboral israelí también se ha visto gravemente afectado. Cerca del 11 por ciento de la fuerza laboral, lo que equivale a 490,000 personas, se encuentra ausente debido a la movilización de reservistas militares, licencias sin goce de sueldo o desempleo. Esta escasez de mano de obra está afectando a diversos sectores de la economía, desde la industria manufacturera hasta los servicios.
La situación se agrava aún más con el cierre de dos de las tres plataformas de gas de Israel, Leviatán y Karish, desde el inicio de la conflagración. Según Chen Herzog, economista jefe de la consultora BDO, cada semana de cierre de estas plataformas genera pérdidas por valor de 300 millones de séqueles, aproximadamente 95,5 millones de dólares. Esta interrupción en la producción de gas no solo afecta a la seguridad energética del país, sino que también tiene un impacto negativo en las exportaciones y los ingresos fiscales.
A principios de marzo, Ilan Rom, director general del Ministerio de Finanzas israelí, estimó que un posible ataque a Irán podría costar a Israel unos 9,500 millones de séqueles (3,1 mil millones de dólares) por semana, debido a las medidas de seguridad adoptadas que restringen la actividad económica nacional. Estas medidas, aunque necesarias para proteger al país, tienen un costo económico significativo.
La combinación de evacuaciones masivas, daños materiales, aumento de la deuda pública, pérdidas en el mercado laboral y la interrupción de la producción de gas está generando una crisis económica en Israel. El gobierno se enfrenta al desafío de gestionar estos problemas urgentes mientras continúa lidiando con el conflicto en curso. La recuperación económica del país dependerá en gran medida de la duración de la guerra, la magnitud de los daños finales y la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas de reconstrucción y apoyo económico. La situación actual exige una respuesta integral y coordinada para mitigar los efectos negativos de la guerra y asegurar la estabilidad económica a largo plazo de Israel.
