El asesinato del comunicador y sociólogo Jorge Enrique Cuesta Castro, encontrado muerto en su vivienda en Guayas el lunes 30 de marzo de 2026, ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia contra el periodismo en Ecuador. El crimen se suma a una preocupante escalada de agresiones que, según organizaciones de monitoreo, alcanzaron las 230 en 2025, afectando a periodistas y medios en 22 provincias del país.
La muerte de Cuesta Castro no es un incidente aislado. Durante el período comprendido entre 2023 y 2025, al menos cinco periodistas fueron asesinados y 16 comunicadores se vieron obligados a desplazarse o abandonar Ecuador debido a amenazas directas relacionadas con su trabajo informativo. La situación refleja un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la comunicación en el país, generando una profunda conmoción en el gremio periodístico.
El informe de monitoreo revela una distribución preocupante de las agresiones. Un total de 114 agresiones provinieron de agentes estatales, lo que incluye limitaciones al acceso a información pública, la iniciación de procesos judiciales con fines intimidatorios, actos de censura y la utilización de discursos estigmatizantes contra la prensa. Adicionalmente, 68 agresiones fueron perpetradas por actores no estatales, 16 por estructuras de delincuencia organizada y 32 por responsables aún no identificados.
Marco Antonio Zhig i Paqui, presidente del Colegio Provincial de Periodistas de Loja, advirtió en declaraciones a Diario Crónica sobre la complejidad del escenario actual. Según Zhig i Paqui, el asesinato de un periodista representa la manifestación más grave de un entorno hostil que se caracteriza por presiones constantes tanto por parte de autoridades gubernamentales como de ciudadanos particulares.
El dirigente gremial enfatizó que las amenazas al periodismo provienen de múltiples fuentes. Las autoridades, en algunos casos, buscan controlar la información y limitar la libertad de prensa, mientras que ciertos sectores políticos intentan instrumentalizar a los medios de comunicación como herramientas de propaganda, socavando la función esencial del periodismo: investigar, contrastar fuentes y difundir información de interés público.
Zhig i Paqui destacó la necesidad de fortalecer la formación profesional de los periodistas y promover un ejercicio informativo riguroso y sustentado, especialmente en temas relacionados con la administración pública. Considera que existe una confrontación directa entre el poder y la prensa, ya que las autoridades a menudo intentan evitar la exposición de errores y actuaciones cuestionables.
Otro factor de riesgo significativo identificado es el interés de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) en mantener ocultas sus actividades ilícitas. Estos grupos, según Zhig i Paqui, representan una amenaza directa para los periodistas que investigan y denuncian sus acciones. A pesar de las denuncias presentadas ante las autoridades, el dirigente gremial lamenta la falta de una respuesta efectiva, lo que incrementa la vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en medios de comunicación.
Frente a esta preocupante realidad, los gremios periodísticos enfrentan el desafío de consolidar estrategias conjuntas que permitan frenar la violencia y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. Zhig i Paqui advierte que la falta de unidad y la prevalencia de intereses individuales podrían agravar un panorama ya marcado por la inseguridad, la impunidad y, en última instancia, conducir a resultados aún más nefastos para la libertad de prensa en Ecuador.
La situación exige una respuesta integral por parte del Estado, que incluya la protección efectiva de los periodistas, la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de las agresiones, y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Asimismo, es fundamental promover una cultura de respeto hacia el trabajo de los periodistas y reconocer su papel esencial en la defensa de la democracia y el derecho a la información. La comunidad internacional también debe prestar atención a la situación en Ecuador y brindar apoyo a los periodistas y medios de comunicación que se enfrentan a amenazas y agresiones. El futuro del periodismo ecuatoriano, y con él, la calidad de la democracia en el país, están en juego.
