El trágico tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante mató a un compañero de 13 años e hirió a otros, reabre el debate sobre la tenencia de armas en Argentina y la responsabilidad del gobierno nacional en la escalada de la violencia. Más allá de las investigaciones sobre el contexto individual del agresor, expertos advierten sobre un entorno social permeado por la agresividad y una política nacional que facilita el acceso a armamento.
El hecho, ocurrido el lunes, ha generado consternación y exige un análisis profundo de las causas que llevaron a semejante tragedia. Si bien es fundamental investigar el entorno familiar y escolar del joven responsable, la mirada no puede limitarse a lo individual, sino extenderse a un contexto social más amplio donde la violencia parece ganar terreno.
La preocupación se centra en la política de seguridad implementada por el gobierno de Javier Milei, que ha flexibilizado las regulaciones sobre la tenencia de armas de fuego. En los últimos dos años, la edad mínima para adquirir armas se redujo de 21 a 18 años, se agilizaron los trámites para obtener armamento, se autorizó el uso de fusiles semiautomáticos y se desarticuló la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo clave en el registro, autorización y fiscalización de armas, municiones y explosivos. La ANMaC también era responsable del control de usuarios, la comercialización y la gestión de la destrucción de armas.
Esta política, que promueve el acceso a armas por parte de la población civil, contrasta con las recomendaciones de expertos en seguridad y las estadísticas globales. Julián Alfie, miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), señaló que el riesgo de morir en un tiroteo en la escuela es un peligro que el gobierno agudizó directamente con sus políticas y con su discurso . Alfie añadió que las decisiones de flexibilización tomadas por la administración de Milei promueven y facilitan que sucedan este tipo de tragedias .
Las estadísticas internacionales respaldan esta afirmación. Los episodios de violencia en lugares públicos perpetrados por civiles armados son más frecuentes y más graves en países con regulaciones más laxas en materia de armas de fuego. Estados Unidos es un claro ejemplo de esta correlación.
La desarticulación de la ANMaC es particularmente preocupante, ya que eliminó un mecanismo de control fundamental para evitar que armas de fuego caigan en manos de personas no autorizadas. La agencia era responsable de verificar los antecedentes de los solicitantes, controlar la comercialización de armas y asegurar la destrucción de aquellas que ya no debían estar en circulación.
La exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich ha sido una defensora de la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, una postura que ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil y expertos en seguridad. Su discurso, y las medidas implementadas por su sucesor, parecen ir en contra de la tendencia global de endurecer las regulaciones sobre armas de fuego.
Ante este panorama, se exige al Estado recuperar la capacidad de control efectivo sobre el acceso a armas, restringiendo su circulación y asegurando que su uso sea exclusivo de las fuerzas de seguridad profesionalmente adiestradas. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno. También es imprescindible que los adultos ejerzan un mayor control sobre los menores, tanto en el hogar como en la comunidad, promoviendo una cultura de paz y respeto.
La tragedia de San Cristóbal es un llamado de atención urgente. La violencia no puede ser combatida únicamente con medidas represivas, sino que requiere un abordaje integral que incluya la prevención, la educación y el fortalecimiento de las instituciones. La flexibilización de las políticas de control de armas de fuego ha demostrado ser un error que puede tener consecuencias devastadoras. Es hora de revertir esta tendencia y priorizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes. La circulación indiscriminada de armas multiplica riesgos irreversibles, y el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos.
